PSIB y Més, socios de Govern, están intensificando las negociaciones a la búsqueda de un acuerdo para consensuar el decreto del catalán en la sanidad que les permita a ambos defender que sus criterios han quedado a salvo. En el caso de los socialistas, se trata de que la aplicación del conocimiento del catalán como requisito para el acceso a una plaza en el Ibsalut no suponga un problema para cubrir determinados puestos sanitarios. Para los econacionalistas, eso no debe traducirse en una rebaja del catalán como requisito. Espoleados por el anuncio de movilizaciones contra el decreto y por el compromiso de convocar oposiciones, lo que no es posible mientras no se apruebe esta regulación, los socios de Govern son conscientes de que necesitan alcanzar un consenso que les permita a ambos salvar su imagen, tras meses de negociaciones sin resultados.
"Es una obviedad que no hay consenso suficiente", dijo ayer la portavoz del Govern, Pilar Costa, en referencia a la falta de "consenso político y social". Sobre este último recordó que el primer borrador de decreto se llevó "a la mesa sectorial y a los sindicatos" y "no ha tenido el apoyo de la parte social" que el Ejecutivo considera que "debería tener una norma" de estas características. Costa recordó que la Ley de la Función Pública contempla que en el ámbito de la sanidad la aplicación del catalán como requisito se realizará "teniendo en cuenta excepciones en los casos que sean necesarios si hay carencia" de profesionales. "Aquí está el debate, es ver hasta dónde se llega en la excepcionalidad", dijo Costa.
La portavoz del Ejecutivo, sin embargo, dejó claro que lo que se sigue negociando es un decreto y no otra fórmula. En el PSIB la opinión mayoritaria era que, ante la falta de acuerdo, se optara por retirar el decreto y optar por una instrucción, lo que reduciría complejidad a la tramitación y permitiría flexibilizar mucho más la aplicación del requisito. Las presiones desde las filas socialistas a la presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, para que retirara el decreto habían ido en aumento. Desde Més dejaron claro ayer que no aceptarían esta marcha atrás de ninguna manera, aunque aseguraron que el PSIB no les había trasladado en ningún momento que tuviera esta intención.
"Matices"
Costa insistió en que en este asunto existen "matices y colores diferentes" pero que los socios del Govern trabajan "intensamente" para alcanzar un acuerdo sobre el contenido del decreto, aunque admitió que no podía "adelantar" lo que ocurrirá "en diez o quince días" y declaró que no podía saber "lo qué pasará ni si se aprobará de una manera y otra". En todo caso, insistió en que el desarrollo reglamentario de la Ley de la Función Pública se traduce "en un decreto".
En el mismo sentido se expresaron desde Més. Los ecosoberanistas aseguran que se sigue negociando en el seno del Ejecutivo para tratar de encontrar una fórmula que permita aplicar el decreto con mayor apoyo del sector sanitario. "No tiene por qué no haber acuerdo", afirmaban ayer los ecosoberanistas. Aunque evitaron adelantar acontecimientos, se mostraron conscientes de que deberán hacer concesiones a sus socios del PSIB por la presión del sector, pero insistieron en que la retirada del decreto no es una opción y que la negociación solo pasa por los detalles de la medida.
Presión
Tanto PSIB como Més coinciden en que les gustaría cerrar un acuerdo antes de la manifestación del 18 de febrero en Palma convocada por la plataforma Mos Movem en contra de la aplicación del decreto en la sanidad. A esta movilización se han sumado el CSIF, Simebal y Satse, además de otras organizaciones como Valores en Balears, que ayer registró en el Parlament una proposición no de ley contra esta medida avalada por 36.000 ciudadanos. Frente a ellos, a la vista de una presión social en aumento, el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB) no descartó "ninguna medida, incluso la movilización de la sociedad civil" en defensa de la aplicación del requisito del catalán en la sanidad pública balear
A la presión social contra el decreto se unirá la política por parte de la oposición. El martes, en el primer pleno del nuevo período de sesiones del Parlament, Armengol deberá responder sobre esta cuestión tanto a la portavoz popular, Marga Prohens, como al de Ciudadanos, Xavier Pericay. Ambos han elegido el decreto del catalán como el tema más relevante a plantear a la presidenta del Govern para iniciar el nuevo curso político.
Desde el Govern la respuesta al PP pasan por recordar los recortes en la sanidad en la pasada legislatura y el despido de 1.000 profesionales sanitarios, frente a la decisión del actual Ejecutivo de convocar oposiciones. Ayer mismo Costa insistía en que el "objetivo común" de PSIB y Més es "una norma que garantice estabilidad en un sector con una elevada interinidad y en el que no se han convocado oposiciones desde hace ocho años". El problema es que, por ahora, el Pacto tampoco las ha convocado, debido al desacuerdo por el decreto del catalán.
