Si para ser español hay que disfrutar con la sangre vertida en los cosos taurinos, yo me bajo en la próxima. Aborrezco las leyes del PP que consideran la tauromaquia "patrimonio cultural común". Las innegables expresiones artísticas que han nacido de genios como Goya, Picasso o Barceló hubiesen encontrado otras fuentes de inspiración si no hubiera existido la tauromaquia. El Vaticano, Quevedo, Lope de Vega o Unamuno la aborrecieron. Isabel II sintió asco. Carlos III y Carlos IV la prohibieron. Estoy con los citados porque soy un protaurino -no es un error, los anti son otros- sin remedio.
Si la prohibición de las corridas de toros atenta contra la libertad de las personas, exijo ahora mismo que se autoricen los duelos a primera sangre -no importa si a pistola o florete-, las masacres de cristianos en el Coliseo romano y, por supuesto, las luchas de gladiadores en todas sus variantes culturales.
Con esta declaración de principios, si fuera un eminente jurista y miembro del Tribunal Constitucional, tendría que abstenerme en el debate del recurso del Gobierno de Rajoy contra la ley balear que regula las corridas (raudo en detectar a quien atenta contra las esencias de la españolidad, pero paquidérmico en ver la corrupción propia). Por eso me preocupa recordar a un puñado de magistrados del Constitucional fumándose un puro en el callejón de la Maestranza de Sevilla (imagino que después de abonar la correspondiente entrada).
Me preocupa aún más que el catedrático Joan Oliver Araujo afirme, en un rapto de sinceridad, que el futuro de la ley balear que regula las corridas "dependerá de si a los magistrados les gustan o no los toros". Los incrédulos pensábamos que las corridas se sometían a la Constitución y a las competencias que la Carta Magna atribuye a cada comunidad autónoma. Comienzo a entender esta justicia bipolar, que aplica la doctrina Botín a ídem y se la niega a Atutxa. O la doctrina farmacias incompatibles, que valió para Aina Salom y no para José Ramón Bauzá.
Antes de que Oliver me hiciera caer del guindo, había leído con interés la sentencia de octubre de 2016 por la que el tribunal declaraba inconstitucional la ley catalana de 2010, la que prohibía las corridas de toros.
La mayoría de los jueces -ocho a tres- plantearon el siguiente silogismo:
1. "La doctrina constitucional ha señalado que al Estado corresponde la preservación del patrimonio cultural común".
2. El Estado aprobó una ley que declaraba "formalmente la Tauromaquia como patrimonio cultural". (Que lo hiciera tres años después de la validación de la ley catalana no pareció importar demasiado a la mayoría de los magistrados).
3. La conclusión era que la prohibición "menoscaba por su propia naturaleza el ejercicio de una competencia concurrente [la de cultura] con el Estado".
Sin embargo, para que no pareciera que el Constitucional le tiene ganas a todo lo que viene de Cataluña, los jueces reconocieron la competencia autonómica para "regular el desarrollo de las representaciones taurinas" o "establecer requisitos para el especial cuidado y atención del toro bravo".
Escuché en Radio Nacional de España a un jurista cordobés antitaurino (o sea, partidario de masacrar a los animales en la plaza) echándoles en cara esta debilidad y conminándoles a rectificar cuando acometan el debate de la ley balear.
A este resquicio se agarró la mayoría de izquierdas del Parlament. No podemos prohibir, pero podemos regular, se dijeron. Y elaboraron una ley que impide que los toros sean picados, banderilleados y estocados. Obliga a que astados y toreros pasen controles antidopaje y solo permite faenas de un máximo de diez minutos. Los que hacen negocio con la sangre y sus adláteres se mofaron de los toros a la balear. Cuando ejercían la moderación, trataban a los diputados de catetos y de imbéciles. No habían leído la sentencia.
Quizás el debate jurídico sea apasionante, pero temo que en este caso, como en tantos otros, decidirán las pasiones. Deseo que, por una vez, a favor del toro, a quien nadie le ha dado voz ni voto.