La "perdurabilidad" es uno de los objetivos que el Govern se ha marcado a la hora de redactar el anteproyecto de la futura ley urbanística alegando que con ello se quiere impulsar la seguridad jurídica, pero la opinión de los empresarios es radicalmente distinta: esta normativa, si se aprueba tal y como está redactada en estos momentos, no aguantará ni 24 horas en manos de un Ejecutivo de distinto color político, por lo que conlleva de intromisión en la propiedad privada. No es el único reproche surgido de la reunión que el pasado lunes mantuvieron en la sede de CAEB las organizaciones empresariales vinculadas a la construcción, que definen este documento como una "ley pensada por funcionarios y para funcionarios" y poco útil para que la iniciativa privada agilice la promoción de viviendas
La reunión de la Mesa de Construcción de CAEB tuvo como objetivo comenzar a elaborar las alegaciones que de forma conjunta se van a presentar desde esta patronal sobre el anteproyecto, y con este mismo fin está previsto un nuevo encuentro durante la próxima semana.
Si en algo coinciden el presidente de la asociación de promotores, Luis Martín, y el vicepresidente de ésta y de la de constructores, Oscar Carreras, (a la reunión acudieron representantes de otras industrias auxiliares, como instaladores o carpinteros) es que se trata de un documento con buenas intenciones pero muy poco práctico a la hora de hacer frente a la escasez de viviendas de precio asequible que padece el archipiélago. Pero entre sus principales defectos está precisamente la inseguridad jurídica que según estos colectivos se va a provocar sin quererlo. En primer lugar, porque su complejidad va a hacer muy difícil que los ayuntamientos adapten su planeamiento.
Pero el punto que se señala como más conflictivo es el intervencionismo que se detecta en relación a la propiedad de solares sin edificar o edificios en ruinas, y que desde las empresas se cuestiona cómo un posible ataque contra el derecho a la propiedad que dificilmente será aceptado por partidos como el PP, Ciudadanos o El Pi.
Es por eso que los representantes de las patronales consideran extraordinariamente difícil que la ley pueda aprobarse con consenso en el Parlament para que entre en vigor a principios del próximo año, y por lo que dan como seguro que la entrada de un nuevo Govern de diferente color político al actual (y hay que recordar que habrá elecciones a mediados de 2019) optará por modificar de nuevo esta normativa, lo que genera una mayor inseguridad jurídica.
Eso explica que una de las intenciones de las patronales vinculadas a la construcción sea la de solicitar reuniones con las diferentes formaciones políticas para conocer su postura ante este cambio en la legislación.
Derecho a la propiedad privada
El problema radica en que el anteproyecto contempla que los propietarios de un solar urbanizable que no hayan iniciado su edificación en cuatro años (salvo que el Ayuntamiento marque otro plazo más amplio) y en el que se puedan levantar cinco viviendas o más, podrán verse expropiados del mismo con una rebaja del precio de un 25% como penalización, para que un promotor o el propio Consistorio pueda desarrollar inmuebles en este suelo. Lo mismo puede hacerse en el caso de edificios en ruinas que no se rehabiliten.
Según el sector, esta medida puede suponer un impulso para que salga al mercado el suelo que permanece retenido, pero la complejidad del proceso hace que se ponga en duda que las empresas puedan estar interesadas en participar en esta vía (se limita el beneficio que pueden obtener a un 6%), o incluso que pueda servir para que las nuevas viviendas puedan reducir sustancialmente su precio.
