Las administraciones locales, insulares, autonómica y estatal y las empresas públicas de Baleares dan empleo a 31.230 trabajadores de los que 11.798 están contratados como interinos o eventuales, lo que representa un 37,7% de temporalidad, según ha denunciado hoy UGT, que exige soluciones.

"Tiene que haber una convocatoria extraordinaria que solvente el problema que hemos generado", ha reclamado el secretario general de la federación de empleados públicos de UGT Baleares, Miguel Ángel Romero, que ha recordado que antes de que se limitase la reposición de las vacantes de funcionarios públicos la temporalidad se situaba en torno al 15 %.

Romero ha asegurado que la temporalidad en el sector público balear es la mayor de todas las comunidades autónomas, por delante de Canarias, que sufre los mismos problemas de consolidación de empleo en la administración estatal derivados de la insularidad, y de Cataluña.

UGT ha hecho público un informe sobre el empleo en las administraciones y empresas públicas de las islas que ha presentado a los grupos políticos para que promuevan desde el Parlament una petición al Gobierno central para que regule una convocatoria extraordinaria que dé estabilidad a las plantillas.

Romero, que ha comparecido junto al secretario de Acción Sindical de su federación, Jordi Crehuet, ha recordado que España, pese al prejuicio, es un país con menos funcionarios que otros muchos de la Unión Europea, y Baleares es de las regiones con menos empleados públicos.

En concreto, con un 11,8% sobre el total de trabajadores, las islas son la segunda región con menor peso del sector público en el mercado laboral y la tercera con menos funcionarios por cada 1.000 trabajadores, con 48.

Además, la insularidad genera disfunciones como la altísima temporalidad en la administración del Estado en el archipiélago, con un 40% frente a la media estatal del 3%, ha explicado Romero.

Pero el principal problema, ha subrayado, han sido las restricciones impuestas por el Gobierno central a la reposición de las plazas que quedan vacantes, que ha llevado a tasas de temporalidad extremas a instituciones que ya abusaban de la interinidad, como el Consell de Mallorca, donde son temporales el 65% de los empleados. "Es escandaloso", ha incidido Romero.

El dirigente sindical ha puesto el acento en la paradoja que supone que administraciones con superávit, como muchos ayuntamientos y la Universidad de las Islas Baleares, "no han podido contratar a quienes necesitan" por la tasa de reposición.

El informe de UGT recoge que en el ámbito educativo son interinos un 29,4% de los funcionarios, aunque hay una diferencia acentuada entre los docentes, con un 18,7% de temporalidad, y el resto, con un 39,8%.

Según las cifras recabadas por el sindicato, la limitación de la tasa de reposición en los últimos años ha generado un desfase de 681 plazas en el sector público educativo.

El ámbito sanitario público está mas afectado por la contratación de interinos y eventuales, que supone un 38,5% de las plantillas.

En los servicios generales autonómicos, los funcionarios interinos son un 25,9 % del total, y entre el personal laboral los temporales representan en 37%.

En las empresas públicas autonómicas, los organismos autónomos, fundaciones y otras entidades del sector público instrumental, la temporalidad alcanza al 85% de los empleados.

Respecto a las administraciones locales, en las que se han perdido unos 1.500 puestos de trabajo de 2010 a 2016, la temporalidad supera el 40%, según UGT.

Miguel Ángel Romero ha insistido en la necesidad de un proceso extraordinario de consolidación del empleo público, ya que los empleados de las administraciones están entre los que más han sufrido las consecuencias de la crisis, y ha afirmado que la estabilidad del funcionariado es garantía de los derechos del conjunto de los ciudadanos.