Mientras el Govern y su conseller de Turismo (Biel Barceló, Més) dan palos de ciego en busca de una solución a la saturación de las islas y en pos de un marco que regule el alquiler turístico hoy ilegal, en el equipo de investigación de Joan Franch Fluxà llevan meses intentando arrojar luz. Cuentan con expertos en derecho de distintas ramas del turismo, desde las agencias de viaje a los hoteles, pasando por la gestión del alquiler o la inspección pública. Entre todos analizan las fórmulas de otras autonomías y países. El objetivo es cuadrar el círculo y lograr que en el turismo tengan cabida todos los agentes, con reglas que no discriminen a nadie, ni distorsionen la competencia.
-La Conselleria de Turismo parece un poco perdida con el alquiler turístico. Tenían que entregar una propuesta este mes y ya han retrasado el plazo hasta final de año. Ustedes son los que más saben de normativa turística. ¿Les han preguntado?
-No. En marzo, a través de la facultad de Turismo, hicimos unas propuestas a Vicepresidencia. Nos comprometimos a tener un borrador de norma en septiembre. El Govern no lo tuvo en consideración. Esperamos que en 2017 sea diferente.
-La conselleria habla de fijar un techo de plazas turísticas, es decir, un máximo de habitaciones de alojamiento permitido para viajeros. ¿Qué le parece?
-No es conveniente. La prohibición, la negación de la realidad, puede llevar a resultados absurdos. Las restricciones a la actividad siempre van a dar problemas en una Unión Europea que promueve la libertad de mercado y de empresa. Poner un techo, salvo que existan razones de interés general muy potentes, llevará a una impugnación por parte de las empresas, por ir contra la libertad de empresa, y por parte de los propietarios, por restringir el uso y disfrute de la propiedad. ¿Queremos empezar con una normativa impugnada? La administración debe conocer su rol, y no extralimitarse en sus ansias legislativas. Las Comisión de la Competencia ya ha parado normativas autonómicas. Debemos aprovechar esa experiencia: no se trata de inventar restricciones que generen titulares.
-Hay una gran parte de la ciudadanía balear que cree que estamos ante una razón "de interés general muy potente", como dice usted: la saturación turística.
-Si es que existe esa saturación. A lo mejor no se trata de ir contra el turismo. Lo fácil es plantear un techo de plazas, pero lo útil es pensar una reforma de modelo en aspectos como el transporte público.
-"Si es que la saturación existe", dice. Gran parte de la ciudadanía la siente, con lo que, al menos desde un punto de vista subjetivo, existe. Y es un problema.
-Esa situación ha existido siempre en julio y agosto. En los últimos años ha ido más o menos igual, incluso los datos dicen que en Menorca en 2007 hubo más visitantes.
-No en Mallorca: está rompiendo todos los récords, y suma medio millón adicional de turistas cada año desde hace una década..
-La situación en Oriente Medio y el norte de África hace que nos vengan turistas que irían a destinos competidores, en otras circunstancias. El agobio es perceptible, por supuesto. ¿Justifica medidas legales? Tenemos que ver si la ley cubre todos los tipos de alojamiento, y es evidente que no es así, porque el alquiler a turistas en edificios plurifamiliares queda fuera de la ley y es parte importante de la oferta.
-¿Y qué hacemos? Por un lado desbordados este verano, por otro, dependientes de un sector que debe funcionar cuando los turistas dejen de huir de Turquía.
-Primero, ir con mucho cuidado y ver el contexto en su conjunto, y no quedarse solo con estas circunstancias específicas. Debemos regular con independencia de que la última temporada sea mejor o peor. El turismo va de seducir al turista: si nos ponemos barreras y cambian las circunstancias, podemos tener problemas. El gran problema es la oferta ilegal, esos pisos que no permite la ley actual. ¿Prohibimos? No, legislamos .
-Legalizando todo lo que se hace ilegalmente y en negro?
-Hay dos extremos que marcan tendencia. Uno: regularizar todo y permitir que sean la oferta y la demanda los que equilibren, opción que pienso inadecuada. Y dos: prohibición, poner tantos requisitos que sea imposible el acceso al mercado de nuevos operadores, en ese caso las familias. El legislador ha de encontrar el punto medio.
-De lo que hacen otros, ¿qué es lo que más le gusta?
-El modelo catalán fue una referencia para el alojamiento privado, que es el gran problema: está absorbiendo tantos turistas como los hoteles. Esta vía se ha visto potenciada por internet. ¿Prohibimos? Internet va sola, prohibir no funciona, como vemos: hay un nivel de economía sumergida a cuenta de esto sin precedentes. Y la gran vergüenza es que ni lo podemos cuantificar: no se sabe ni cuántas pernoctaciones hay en Mallorca.
-Todo el planeta está buscando su modelo de alojamiento. ¿Hay algo que esté funcionando?
-Cataluña. Fueron los primeros que asumieron la realidad y plantearon una normativa, que ahora se está reformando para adaptarlo a la saturación de Barcelona. Conviene que regulemos por fases: irán saliendo dudas y correcciones.
-Cataluña legalizó el alquiler a turistas en edificios plurifamiliares, prohibido en Balears. Y crearon un registro obligatorio...
-Efectivamente, y luego han ido regulando, para exigir a las plataformas web que solo acepten pisos con número de registro oficial?
-Que es lo que ha dicho el conseller Barceló, que quiere hacer...
-Claro, hay mecanismos que debemos copiar. Los intermediarios [AirBNB y otras web] son clave. Son los cooperadores de la administración: hay que exigirles domicilio social en España y control de la oferta que hacen con un número de registro. Se habla de las bondades del sistema andaluz, que coge el modelo catalán, le incorpora requisitos de calidad y pide profesionalización de quienes alquilan. Abogo por la profesionalización del propietario. Aunque pueda resultar impopular, es necesario para dar garantías en la entrada de nuevos operadores. A partir de ahí, la administración no debe preocuparse: el mercado el que expulsará a los operadores con mala praxis.
-En eso ya estamos: mercado puro, oferta y demanda, incluyendo oferta y demanda ilegal, y no parece que la situación esté controlada, vista la saturación o visto, como publicamos el domingo, que hay quien ha montado un hotel ilegal de pisos turísticos frente a Hacienda o quien aloja a turistas en furgones en zonas protegidas como Es Trenc...
-Porque hace falta algo más: hay que controlar el cumplimiento, con medios técnicos y una profesionalización de la administración. Lo de las furgonetas es consecuencia del caos. No todo vale: si aceptamos turistas durmiendo en vehículos lo siguiente serán los pinos y los jardines, el colapso se duplicaría [risas]. Ahora en serio, con millones de turistas y decenas de miles de pisos en alquiler hoy ilegal no puedes tener tres inspectores en Menorca y 15 en Mallorca.
-Con un ordenador y conexión a internet, en cinco minutos le puedo dar un listado de 10.000 direcciones de la isla en las que se alquila a turistas vulnerando la ley. Se venden públicamente. No sé por ello si es tanto una cuestión de personal como de voluntad.
-Cierto: no es tan difícil hacer cumplir la ley. Internet es arma de doble filo, que igual que ayuda a la ilegalidad delata al que opera ilegalmente. La administración debe proteger al consumidor, velar por la legalidad y la veracidad de la oferta. Sin inspección al nivel que corresponde la ley es papel mojado.
-El conseller de Turismo plantea crear para el alquiler una bolsa de plazas, al estilo de la que usan los hoteles: para poner una nueva cama de hotel hay que cerrar otra, a un precio de 4.000 euros la plaza. ¿Qué le parece?
-Me preocupa. No se ha implantado en ningún sitio. 4.000 euros por plaza no los puede asumir casi nadie. Generaría oferta ilegal: solo entrará gente con mucho dinero, que pueda pagar 4.000 por plaza en una casa, pon, de diez plazas, o sea, 40.000 euros. Excluye a familias de clase media. No es razonable: disuade de pasar a la legalidad, cuando queremos que la gente entre y tribute de formal fácil, durmiendo tranquilos y generando ingresos para ellos y para la sociedad.
-¿Sería legal esa bolsa en esta UE del prohibido prohibir?
-La directiva comunitaria de servicios y la Comisión de Competencia vienen a decir que cualquier restricción que sea innecesaria tiene que caer. Con esta bolsa de plazas estaríamos en ese supuesto.
-¿Llegamos tarde a regular?
-Muy tarde. Hemos perdido el liderazgo legislativo en turismo que siempre tuvimos. Y crispamos a la sociedad al no actuar. Nuestro turismo está basado en la alegalidad (party boats y actividades no previstas), la ilegalidad (pisos en edificios plurifamiliares alquilados a turistas) o el fraude de ley, que es el caso de quien usa la ley de arrendamientos para alquilar a turistas y se vende en AirBNB, algo prohibido. Es un absurdo inaceptable: hace falta seguridad jurídica, también para salvaguardar la reputación como destino.
-Dentro de la confusión interna reinante, Turismo estudia crear una normativa turística que cree requisitos mínimos al alquiler, y luego dejar en manos de ayuntamientos y consells la decisión sobre donde se puede alquilar dentro de cada pueblo y donde no. ¿Le vale la solución?
-No. Es que no es una solución. Generas tres filtros al alquiler. Primero el de los requisitos de calidad; segundo, no pasarte del techo de plazas que digan; y tercero, el filtro del zoning, las zonas que pueden y las que no. ¿Quién va a quedar y quién va a optar por seguir ilegal?
-Igual es lo que se persigue, una solución kafkiana, que imposibilite la legalidad, como ahora?
-Eso generaría una fricción social tremenda. ¿Por qué en un barrio sí y en otro no? ¿Por qué vivienda libre sí y vivienda protegida no?
-¿Es legal decirle a un vecino del centro de Palma que puede alquilar a turistas y luego prohibírselo a uno de Son Gotleu?
-La Comisión de Competencia, con el decreto canario de alquiler turístico, ha dicho que no procede. ¿Cómo justificas que una calle sí y otra no? Si van por ahí, será un despropósito. Ya será el turista el que decida si quiere ir a Son Gotleu o no, y encima cuando el turismo puede revitalizar Son Gotleu.
-Hace cuatro años esto era una batalla de los hoteleros contra el alquiler turístico, que se veía como una forma de redistribución de la riqueza turística, y ahora se ha convertido en una guerra de todos contra todos, con el Govern retrasando la respuesta.
-Lamentablemente, es así. Vivimos una confrontación social. Ha de caber todo tipo de alojamiento y todos tienen que tener su marco legal. Es complejo, pero hay que convertir la ley en rutina, con mecanismos de control, profesionalización, calidad y exigencia. Sé que no gusta que el que vaya a alquilar a turistas el piso familiar tiene que profesionalizar a su familia, pero no hay otro camino transitable.
