El ministerio de Fomento deberá indemnizar con 120.000 euros a un arquitecto técnico (aparejador) alemán que no ha podido trabajar en España hasta hace bien poco al no homologarse su título conseguido en una universidad de su país, según ha dictaminado la Audiencia Nacional. El protagonista de esta historia lleva 19 años pleiteando con la Administración y el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos para poder ejercer su profesión en Mallorca.
El demandante se instaló en la isla en los años 90 y pronto inició los trámites para que sus estudios en Alemania le fueran homologados en España y poder trabajar de arquitecto y de arquitecto técnico. Con la primera especialidad no tuvo problemas y en 1997 el ministerio de Educación y Ciencia dio validez a su título de arquitecto. Pero no tuvo tanta suerte al querer homologar su diploma de Ingenieru Architeldu para dirigir proyectos como arquitecto técnico.
El recurrente inició una larguísima batalla contra la Administración y las corporaciones profesionales de arquitectos técnicos para poder ejercer sus dos profesiones en España. Entre las pegas que se le pusieron durante esos largos años destacan el que si ya era arquitecto no podía ser arquitecto técnico; también se dijo que sus estudios no eran equiparables y que le faltaban algunas asignaturas troncales para ser aparejador.
El alemán no dudó en quejarse del bloqueo ante la Comisión Europea, que pegó un tirón de orejas a España por no aplicar en este caso la directiva de homologación de títulos.
La Administración cedió parcialmente y ofreció al demandante la posibilidad de examinarse para obtener el título o realizar unas prácticas tuteladas por un arquitecto técnico sobre determinadas materias. El cursillo iba a durar 18 meses, pero luego el Ministerio accedió a dejarlo en un año.
Las dificultades surgieron por parte de la corporación profesional que no quiso certificar las prácticas, lo que llevó al ministerio a denegar, una vez más, la equiparación del título.
Finalmente, tuvo que ser la Audiencia Nacional la que, en 2013, condenara al Estado (el ministerio de Fomento) a dar validez al título alemán del residente en Mallorca.
La segunda fase de la historia empezó cuando el ya arquitecto técnico demandó al Estado español por el dinero que había dejado de ganar y el daño moral sufrido por no poder ejercer.
El profesional reclamó casi 627.000 euros de compensación, pero el tribunal madrileño únicamente le ha concedido una indemnización de 120.000 euros.
Según la sentencia, el recurrente sufrió una situación que no tenía que haber padecido.