El Gobierno central ha advertido al Govern que su intención de prohibir los festejos taurinos en el archipiélago puede "entrar en conflicto" con la ley nacional que regula la tauromaquia como patrimonio cultural. Sin embargo, este aviso no frenará las intenciones del Pacte. La tramitación de la ley seguirá en el Parlament mientras los servicios jurídicos del Govern lidian con Madrid.
La portavoz del Govern, Pilar Costa, dio cuenta de ello ayer en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. Costa explicó que, según el Gobierno, uno de los artículos de la ley de protección animal que tramita el Parlament cuestiona la constitucionalidad de la norma. Este artículo es concretamente el que se refiere a la prohibición de los festejos taurinos. La portavoz del Ejecutivo informó que los servicios jurídicos estudiarán las advertencias y que, al mismo tiempo, lo comunicarán a los grupos parlamentarios, responsables de tramitar la norma hasta su definitiva aprobación.
En una carta, la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, avisa al Govern que la norma en tramitación que pretende prohibir los toros en Balears "es de difícil encaje" con la ley nacional aprobada en 2013 y que regula la tauromaquia como "patrimonio cultural". ""Contiene una serie de previsiones, en relación a las corridas de toros, que no se ajustan a las disposiciones contenidas en la ley", reza la misiva, que, por otra parte, recuerda que el Gobierno aprobó la ley para regular la tauromaquia "en el ejercicio de la competencia" que tiene "con carácter exclusiva".
El precedente de Cataluña
Sin embargo, todas estas advertencias no impiden que los grupos parlamentarios impulsores de la medida puedan seguir adelante con la tramitación de la norma y que una vez aprobada el Govern haga efectiva su aplicación y prohiba los toros en Balears. No obstante, mientras, los servicios jurídicos negociarán con Madrid para sortear las diferencias. Si no hubiera acuerdo con el Gobierno, la prohibición podría acabar, como ocurrió en Cataluña, en el Tribunal Constitucional.
La Generalitat aprobó la prohibición en 2010 y pese a que desde entonces está pendiente de recurso del Constitucional, no ha vuelto a haber toros en Cataluña.
La tramitación de la ley en Balears se retrasó a septiembre para evitar el pago de indemnizaciones millonarias a los promotores de festejos taurinos que ya tenían programados espectáculos en el archipiélago durante el verano.
