El jurista y exmagistrado Rafael Perera se despidió de la presidencia del Consell Consultiu cuando acaba su mandato a finales de este año. Perera ha estado durante los últimos cuatro años al frente del órgano consultivo, demostrando su independencia del Ejecutivo del PP. Prueba de ello son sus dictámenes contra le la Ley de Símbolos de Bauzá. Perera ha permanecido 11 años en el Consultiu y ayer, ante la presidenta Francina Armengol, pidió la continuidad del órgano de consulta jurídica como un elemento "clave para el Estado de derecho y el interés general".
El prestigioso jurista también quiso reivindicar una nueva sede para la institución, ya que la actual no cubre las necesidades. De igual modo, recordó que cuando se realice la catalogación de bienes inmuebles sería el momento para otorgar al Consell Consultiu unas nuevas dependencias.
Rafael Perera realizó estas reivindicaciones durante la presentación de la memoria de 2013 y 2014 del alto órgano jurídico. En este apartado recriminó los numerosos informes de nulidad que han tenido que realizar ante los procedimientos de contratación sin concurso público por parte del IB-Salut. El Consell Consultiu ha emitido 583 dictámenes entre 2011 y 2014, informes legales referidos principalmente a expedientes de responsabilidad patrimonial (252), proyectos de decretos (104) y revisiones de oficio (79). En 2014 la entidad tuvo un presupuesto de 536.000 euros, un 11 % menos que en 2011.
En su discurso, Perera alertó de las consecuencias de la desparición del Consell Consultiu para el interés general. En este sentido, indicó que Madrid está a punto de aprobar el cierre de su órgano jurídico y pidió al Govern que en Balears no pase lo mismo. Consideró la decisión de Madrid como un "atentado a una pieza fundamental del Estado de Derecho".
En este sentido, el secretario del Consultiu, Felio Bauzá, apuntó que órganos de otras comunidades autónomas con funciones de consulta jurídica tienen un coste mucho mayor, como son los casos de Canarias (4,4 millones de euros) y Andalucía (3,3 millones), y solo el de Aragón tuvo en 2014 un presupuesto menor al de Balears (323.000 euros).
La presidenta Francina Armengol recogió las revivificaciones de Rafael Perera. Aseguró que la institución de asesoramiento cumple una tarea "enorme importancia" y ha destacado que sus miembros trabajan con eficacia de forma "casi altruista" y a pesar de las "carencias de infraestructuras" que sufren.
