La Audiencia de Palma ha impuesto una sanción económica a un funcionario de la oficina de expedición del DNI de la Jefatura de Policía, que se ha declarado culpable de un delito de malversación. El juez, debido a que el acusado ha reconocido los hechos y ha devuelto el dinero, le reconoce los atenuantes de confesión y reparación del daño. El acusado ha devuelto los 1.144 euros que se apoderó ilegalmente.
La sentencia explica que el acusado sabía que determinadas tramitaciones en la renovación del DNI eran gratuitas, sobre todo cuando se declaraba un cambio de domicilio. El acusado cobraba la correspondiente tasa al ciudadano, a pesar de que declaraba un cambio de domicilio y en vez de ingresar el dinero al Estado, se lo quedaba él. Realizó estos hechos en 103 ocasiones.
