El abogado Gaspar Oliver, que defiende a los exaltos cargos del Govern de Jaume Matas Gonzalo Bernal y Miquel Àngel Bonet, ha pedido a la sección primera de la Audiencia que aplace la vista oral del caso Nóos, al coincidir con otros juicios donde él actúa y que habían sido señalados con anterioridad. Las normas reguladoras de las vistas indican que, en caso de coincidencia de dos juicios en instancias judiciales de la misma categoría tiene preferencia aquel que haya sido fijado con antelación.

Oliver tiene para el 11 de enero, fecha escogida inicialmente para el comienzo de la vista de Nóos, otro juicio en la Audiencia por una de las piezas separadas del caso Voltor, una presunta trama de corrupción orquestada por antiguos líderes de Unió Mallorquina (UM), entre ellos Maria Antònia Munar. La ex líder regionalista y otros 17 acusados serán juzgados por desviar más de 430.000 euros de fondos públicos para pagar el sueldo de liberados y buscadores de votos de UM. El abogado tiene otra vista señalada para el día 12 de enero en un juzgado de lo penal y por otra pieza separada de Voltor.

Fijar el calendario

La sección primera de la Audiencia ha señalado para el próximo 23 de este mes una vistilla en la Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) para escuchar a las partes del caso Nóos antes de establecer el calendario del macrojuicio. La Audiencia pidió a las partes que acudieran a esa vistilla con los justificantes de otros juicios que tengan señalados desde el 11 de enero a julio, para poder organizar las fechas de las distintas sesiones.

Dispensa de estar presente

El juicio oral se dirige contra 18 acusados, entre ellos la infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarin. La hija del rey Juan Carlos confía en que, en aplicación de la doctrina Botín, solo tenga que asistir a la vista oral en las primeras sesiones, donde se plantearán las cuestiones previas. Sus abogados sostienen que el sindicato de funcionarios Manos Limpias no está legitimado para acusar en solitario a Cristina de Borbón por dos delitos fiscales, máxime cuando ni la fiscalía ni la abogacía del Estado (que representa a Hacienda) formulan acusación contra su representada.

En idéntica posición están otros acusados para los que únicamente pide condena alguna de las dos acusaciones populares: Manos Limpias y el anterior grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia.

Si el tribunal desestima las alegaciones del equipo jurídico encabezado por Miquel Roca i Junyent, la Infanta tendrá que seguir en el banquillo.

No obstante, los acusados pueden pedir a la sala que les dispense de estar presente en todas las sesiones de la vista oral donde su presencia no sea estrictamente necesaria. El juicio podría prolongarse durante varios meses, debido al elevado número de acusados, testigos y peritos y la complejidad de los hechos. La mayoría de los acusados tendrán que desplazarse exprofeso a Palma para la vista oral, ya que residen en Barcelona, Madrid, Valencia o Suiza (los exduquess de Palma).

Igualmente hay pocos defensores mallorquines y las dos acusaciones populares están dirigidas por letrados de Valencia y Madrid. Los bufetes pueden mandar al juicio letrados sustitutos, pero un juicio de varios meses de duración y gran intensidad, como el de Nóos, puede suponer un serio quebranto económico para ellos.