El ex director general de Gestión Económica y Farmacia, César Vicente Sánchez, ha admitido hoy ante el juez el retraso en la convocatoria del concurso para nuevas oficinas de farmacia en la pasada legislatura, que ha achacado a la laboriosa tramitación del proceso y la elevada participación en el mismo.
Vicente ha declarado hoy como imputado durante unas dos horas ante el juez de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, que investiga en el caso Farmacias posibles irregularidades por el retraso del anterior Govern, que no convocó el concurso de varias farmacias.
Tras comparecer ante el juez, Vicente ha declarado a los medios de comunicación que en dicho concurso "las cosas se han retrasado" pero que en su opinión eso ha permitido que el anterior Govern hiciera "una buena ley y un buen decreto" para preparar dicha convocatoria pública.
"Creemos que la ley tenía que hacerse y el interés general de los ciudadanos era lo más importante", ha declarado.
El ex director general de Farmacia ha defendido la "total transparencia" del proceso y ha destacado que el anterior Govern dejó "preparado el catálogo" para convocar y adjudicar las nuevas farmacias.
Vicente ha detallado que el proceso se alargó por las revisiones que han tenido el decreto, la ley y el catálogo de farmacias, por "las constantes reuniones con el Colegio de Farmacéuticos, la Sociedad Española de Farmacéuticos Adjuntos y mucha más gente que ha participado".
Según Vicente, el decreto y la ley balear han sido valorados por el sector en todo el país e incluso "se están poniendo como ejemplo" por parte de otras comunidades autónomas.
El ex director general ha asegurado que "en Baleares hay oficinas de farmacia en todos los municipios y las que salen en el catálogo le van a dar más calidad a la atención farmacéutica".
Vicente ha asegurado que ha respondido a todas las preguntas que le ha formulado el juez y que ha entregado toda la documentación requerida por el Juzgado "desde el minuto 1" de la investigación.
Según fuentes jurídicas, en su declaración ante el juez Vicente ha culpado del retraso a los servicios jurídicos de la Conselleria.
Hoy está citada también a declarar como imputada la secretaria general de la Conselleria, Lucía Matías.
El juez Garcias admitió a trámite el pasado marzo la querella de un farmacéutico contra el Govern, según había indicado la Audiencia de Palma en un auto de febrero, después de que el magistrado archivara inicialmente el caso.
El denunciante, el farmacéutico Cristóbal Pons, acusa a los querellados de prevaricación por ignorar la sentencia que les obligaba a sacar a concurso la apertura de nueve oficinas de farmacia y de hacerlo para beneficiar al expresidente, José Ramón Bauzá, que posee un despacho farmacéutico, y al exconseller de Salud, Martí Sansaloni, también farmacéutico.
La querella se dirige contra el expresidente del Govern, el exconseller de Salud, el exdirector de Farmacia, la ex secretaria general de la Conselleria y todos los miembros del ejecutivo autonómico porque el querellante considera que han participado en decisiones colegiadas del gabinete sobre el sector farmacéutico.
