El flamante Govern quiere curarse en salud a la hora de cesar a los funcionarios ascendidos a dedo por el PP a las distintas jefaturas de la Administración autonómica durante la pasada legislatura, y sustituirles por personal afín al Pacto.
A su llegada al poder, PSOE y Més se han encontrado con que varias sentencias han variado la doctrina al respecto de los ceses de funcionarios de carrera aupados a jefaturas 'digitalmente' por el partido de turno en el poder. Según fuentes sindicales, hay unos 200 puestos de carácter directivo de libre designación que fueron nombrados por el anterior Govern de José Ramón Bauzá; de ellos, 65 han quedado blindados en cierto modo con el nuevo statu quo impuesto por los tribunales. Son los que obtuvieron la plaza en el último concurso de traslados de 2013 (aunque no por méritos ni puntuación, sino por digitación política, en este caso de cargos del PP).
El resto de funcionarios que accedieron a las jefaturas por la vía de la comisión de servicios pueden ser removidos de una forma más flexible -basta razonar sucintamente las causas-, circunstancia que aprovecha el nuevo Ejecutivo a marchas forzadas. De hecho, ya se han hecho "bastantes cambios" con esta fórmula en las Conselleries, informaron ayer desde el Govern, recalcando que "todos debidamente justificados". La hermana del alcalde socialista de Palma, José Hila, ha sido ascendida a jefa de servicio del SOIB por el conseller Iago Negeruela (PSOE) mediante el procedimiento de la comisión de servicios.
Asimismo, los titulares de plazas de chóferes, secretarias personales y el personal del gabinete de Presidencia pueden ser cambiados sin mayor problema.
Después de que varios jueces de lo Contencioso y la propia Sala del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) hayan dejado claro que los titulares de plazas de libre designación no pueden ser destituidos "sin más", ni sobre todo por motivos políticos, PSOE y Més tratan de evitar una avalancha de recursos judiciales de los ya destituidos o de los que van a serlo en un futuro próximo. Fuentes del Govern afirmaron ayer que las distintas Conselleries se están afanando en motivar correctamente -siguiendo a rajatabla la doctrina judicial y constitucional establecida- las remociones de jefes de departamento, jefes de servicio y demás puestos de dirección que fueron nombrados durante el anterior Ejecutivo popular.
Como informaba ayer este diario, una circular emitida desde el departamento de Catalina Cladera da instrucciones muy exigentes a sus colegas consellers para que fundamenten cada propuesta de cese que tramiten y acrediten documentalmente las razones. La tradicional y escueta justificación de "por pérdida de confianza" ya no sirve.
Pronunciamiento del TSJB
En un fallo de julio de 2013, el TSJB sostiene: "Que la plaza sea una plaza de libre designación no significa que el funcionario que la cubre pueda ser cesado por pérdida de confianza si no existen razones o causas suficientes que justifiquen esa decisión, razones que han de ser explicadas en el momento del cese, porque lo contrario, y máxime cuando se trata de un cese producido con proximidad al cambio de gobierno, permite identificar y deducir que la causa del cese reside únicamente en razones de tipo político, y ello supone una discriminación por razones ideológicas".
La sentencia añadía que "el cese por pérdida de confianza sin más motivación y explicación únicamente puede darse en el personal eventual".
En ese pronunciamiento, los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJB censuraron que el Govern de José Ramón Bauzá hubiera vulnerado derechos fundamentales de la exdiputada del PSOE Lourdes Aguiló, al destituirla como jefa de departamento de la Abogacía de la Comunidad Autónoma tras llegar el PP al gobierno en 2011. Con la remoción del PP, Aguiló perdió un complemento en su sueldo de más de 47.000 euros anuales y según los jueces fue "discriminada gravemente por razones ideológicas".
La socialista fue readmitida por el Govern del PP, y posteriormente vuelta a cesar, esta vez con una motivación exhaustiva. La Administración popular acusó a Aguiló de llevarse mal con el resto de compañeros, "que imposibilita el normal funcionamiento del servicio", o de negarse a defender al Ejecutivo en las demandas por despido interpuestas por extrabajadores de empresas públicas, al discrepar de esta política de reajustes de plantilla de Bauzá.
En una reciente sentencia de julio de este año, el juez falló que el Govern del PP fue incapaz de acreditar ninguno de los extremos alegados, y por ello le condenó a readmitir una vez más a Aguiló como jefa de departamento y reasignarle el plus salarial.
El nuevo Ejecutivo del Pacto informó ayer de que ha recurrido este fallo obligando a la readmisión de Lourdes Aguiló, para conocer el parecer de la Sala de lo Contencioso del TSJB y rehuir cualquier acusación de favoritismo hacia la socialista. El exvicepresidente del Govern, Antonio Gómez (PP), colgó ayer un tuit al respecto de este caso, dejando en el aire algunas incógnitas: "Que le pregunten a la señora de la foto [Aguiló] dónde reside el origen de la situación".
