La evolución que se está dando en la inversión que recibe la construcción balear es muy positiva, según se reconoce, pero ello no debe de hacer olvidar que se trata de una reactivación que también tiene sus sombras. Y el director de la asociación empresarial que representa a este sector, Manuel Gómez, hace especial hincapié en dos de ellas: los "precios de vergüenza" con que en muchas ocasiones estas empresas se ven obligadas a trabajar, y el elevado nivel de economía sumergida que se sigue registrando en esta actividad.
En relación a los precios, hace meses que esta patronal viene lamentando el contexto que actualmente se vive, con una "guerra" de tarifas a la baja ante la necesidad de mantener activa la plantilla para tapar al menos la mayor parte de los costes.
En este capítulo, hay que señalar la situación que se está generando en torno a uno de los pocos productos que muestra fortaleza en la demanda: la edificación de chalets.
La falta de trabajo en otros campos está llevando a muchas constructoras a ofrecer sus servicios para la edificación de inmuebles de alto nivel pese a no contar con experiencia en este campo, y para ello se utiliza como arma unos recortes en el presupuesto que se presenta que pueden alcanzar el 15%.
El problema, según se subraya, es que el resultado dista en muchas ocasiones de ser óptimo, generando un descontento entre los clientes que afecta la imagen del conjunto del sector.
Hay que tener en cuenta que la edificación de viviendas para clases medias está prácticamente paralizada en las islas por la falta de financiación bancaria, lo que está centrando la actividad vinculada al producto residencial en los inmuebles de alto nivel, ya sea la citada construcción de chalés o la reforma de viviendas de alto coste en zonas con gran demanda extranjera, como el centro de Palma o barriadas como Santa Catalina.
Economía irregular
El segundo factor que se critica es la importancia que ha adquirido la economía sumergida en el sector, en parte vinculada a la reforma de establecimientos turísticos, al ser ejecutados muchos proyectos por empresas que no respetan la normativa o que incumplen el convenio existente en el sector para así poder ofrecer precios más bajos. Estas situaciones han sido reiteradamente denunciadas tanto por la patronal como por los sindicatos.