La Junta Electoral de Balears acordó ayer dar de plazo hasta mañana al Govern para que presente sus argumentos en defensa de la campaña publicitaria sobre el programa de detección precoz del cáncer de colon y recto, que puso en marcha el 2 de abril, una vez que ya estaban disueltas las instituciones y convocadas las elecciones. La Junta Electoral, una vez escuchado al Govern, decidirá el mismo jueves o el sábado si obliga al Ejecutivo a retirar esta campaña, tras la queja presentada el pasado sábado por el PSIB al entender que la finalidad es electoralista y no una campaña institucional de carácter informativo.
Así, nada más abrirse el calendario electoral que concluirá el 24 de mayo la Junta Electoral ya se ve obligada a pronunciarse sobre cuestiones que pueden formar parte de las prohibiciones legales una vez que se convocan las elecciones. Un preludio de una campaña electoral que se prevé que sea especialmente bronca conforme se acerque el día de los comicios y en la que los partidos examinarán con lupa cada error de sus rivales.
De acuerdo con la Ley, una vez convocadas las elecciones sólo se permiten las campañas informativas que resulten imprescindibles para el interés público o el correcto desarrollo de los servicios públicos. El martes de la pasada semana se publicó en el BOE y el BOIB los decretos del Govern de disolución del Parlament y consells insulars y la convocatoria de elecciones. Dos días después el Govern iniciaba la citada campaña en los principales medios de comunicación de Balears, en la que se invita a participar del programa de detección precoz de cáncer de colon y recto a hombres y mujeres de 50 a 69 años.
Sin embargo, la conselleria de Salud puso en marcha el programa el pasado mes de enero y hasta ahora no había realizado una campaña publicitaria para difundirlo. En su queja, el PSIB pone de relieve que no se trata de una campaña dirigida a toda la población ya que, además de centrarse en un grupo de edad concreto, el citado programa alcanza por ahora a la población de la zona de Tramuntana en Mallorca, a la de Menorca y Eivissa. Además, en la misma se explica que el Govern se dirigirá a las personas afectadas por carta, por lo que a juicio del PSIB no encajaría en el interés general ni resultaría imprescindible para el desarrollo de los servicios públicos.
Los socialistas consideran que se trata de un caso claro de utilización de "los recursos de los ciudadanos de Balears al servicio de la campaña electoral del PP" bajo la excusa de una campaña institucional de carácter informativo de interés general.
Aunque la Junta Electoral lleva ya días trabajando, este es el asunto mas delicado que por ahora le ha llegado desde que se inició la carrera electoral. Este organismo está formado por los magistrados del TSJIB Gabriel Fiol, Alicia Ortuño y Felisa Vidal, además del delegado de la Oficina del Censo Electoral, Joan Pons Ordinas, y el letrado mayor del Parlament, Lluís Isern.
A ellos se suman un representante del PP y otro del PSIB, que hasta ahora eran el popular Mauricio Rovira y la socialista Francisca Servera, aunque ambos han renunciado para dedicarse a la campaña electoral (Servera es la número dos de la lista del PSIB al Consell de Mallorca). La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament ya designó a Lluisa Ginard, letrada del Ayuntamiento de Palma, como sustituta de Rovira a propuesta del PP, mientras que el PSIB propondrá hoy a la Mesa del Parlament a su nuevo representante, que probablemente será Lluís Segura, de la Abogacía de la Comunidad Autónoma.
Además de este asunto, la Mesa del Parlament decidirá hoy sobre la petición del Govern para que comparezca el president José Ramón Bauzá ante la Diputación Permanente de la Cámara balear con el fin de explicar los datos del déficit, algo que también había solicitado el PSIB después de que a finales del pasado mes se hiciera público que en 2014 el déficit balear alcanzó el 1,71 por ciento del PIB, incumpliendo el objetivo del 1% fijado por el Gobierno central.
