Cuatro años después del inicio de las pesquisas judiciales, el juez Castro dictó ayer el archivo provisional del caso Ópera, el desvío de fondos públicos para un Teatro de la Música en Palma entre 2006 y 2007, para Santiago Calatrava, el arquitecto que diseñó el proyecto, y Francesc Fiol, el conseller de Cultura que materializó su contrato. La causa, una pieza separada del Palma Arena, continuará así únicamente abierta para Jaume Matas, el president del Govern que impulsó la Ópera en plena campaña electoral de las autonómicas de 2007.
Santiago Calatrava; Francesc Fiol, defendido por Bartolomé Vidal, y Sebastià Vanrell y Andreu Obrador, dos excargos del Institut Balear d´Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (Ibisec), el organismo del Govern que pagó los servicios del primero, habían pedido el archivo del caso para ellos en diferentes ocasiones.
El juez, antes de decidir, evacuó consultas con la fiscalía anticorrupción y con la abogacía de la Comunitat Autònoma. Anticorrupción no se opuso al sobreseimiento para Fiol y no se pronunció en los otros casos. La defensa del Govern sí que apoyó el archivo para los cuatro imputados.
Sin acusación no hay caso
El juez explicó en su auto de ayer que si no hay acusación contra los cuatro encausados no pueden seguir en esa condición. En la pieza está personado como acusación popular el PP, pero permanece totalmente inactivo.
Francesc Fiol pasará a ser testigo y como tal será interrogado el próximo lunes por el juez Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.
El caso Ópera sigue así abierto contra Jaume Matas que en 2001 fue conminado a pagar una fianza de responsabilidades civiles de 1,6 millones de euros por gastar 1,5 millones de euros públicos para un proyecto que no llegó a elaborarse y que buscaba réditos electorales.
La fiscalía Anticorrupción mantiene que Jaume Matas, defendido por Miquel Arbona, fichó verbalmente a Calatrava un año antes de que el Govern del PP lo contratara formalmente. Matas habría buscado con esta operación un reclamo electoral para los comicios autonómicos de 2007, en los que se presentó a candidato al Govern por el PP. Ni los terrenos del Moll Vell eran de la Comunidad Autónoma, ni se hizo un estudio sobre la viabilidad de la Ópera y mucho menos del soterramiento del Paseo Marítimo y de la vuelta del mar a los pies del camino de ronda de la muralla bajo la Seo, argumenta el fiscal.
Calatrava no habría hecho el anteproyecto, que solamente aportó cuando fue llamado a declarar por el juez Castro. El exculpado sí dispuso de varios meses para construir una de las maquetas encargadas por Matas, prueba de su contrato verbal por el expresident.
Los hechos revestirían indicios de malversación de caudales (el pago de 1,5 millones de euros públicos por simples motivos electoralistas), prevaricación (al burlar la concurrencia de otros arquitectos) y otros, como fraude al Govern o falsedades
La fianza de 1,6 millones trata de asegurar las posibles penas económicas que pueden ser impuestas a Matas por estos hechos: la devolución de 1,2 millones de euros pagados a Calatrava, y supuestamente malversados, más otros 400.000 euros del tercio a añadir por imperativo legal.
No obstante, la cantidad que costó la frustrada Ópera de Matas fue de poco más de 1,5 millones, puesto que el Govern abonó 165.000 euros de IVA y otros 130.000 en la presentación del proyecto de Calatrava, prohibida por la junta electoral al coincidir con la campaña electoral.
