Los próximos días 2, 3 y 4 de julio arrancará el juicio por la ocupación de la conselleria de Educación que llevaron a cabo un grupo de estudiantes en mayo de 2012 en protesta por los recortes en el sector. La Fiscalía pide seis meses de cárcel para 36 de los estudiantes y hasta un año y medio para otros siete, acusándoles de desorden público, lesiones y coacciones.
"Es un juicio político", indicaron ayer los portavoces de los encausados, Miquel Àngel Cloquell y Silvia Suau, quienes insistieron en defender su inocencia ya que su protesta era pacífica. Por ello, en ningún caso aceptarían llegar a un pacto si éste implicara declararse culpable: "El único acuerdo posible es la absolución". En opinión de los estudiantes, este juicio se enmarca en la "ofensiva represiva" contra los movimientos sociales y "un intento de desactivación de la lucha".
Tensión en la Conselleria
Aquel 22 de mayo de 2012, cuando Rafael Bosch era aún conseller de Educación y en el contexto de una huelga educativa convocada a nivel nacional, un grupo de alrededor de 40 estudiantes ("y algunos docentes", aseguran) de la Assemblea de la Comunitat Universitària irrumpieron en la sede de Educación de la calle Alfons el Magnànim de Palma para protestar contra el incremento de las tasas universitarias y los recortes sufridos en el sector.
Los estudiantes entraron en la sede gritando a favor de la educación pública y contra los ajustes presupuestarios.
Los momentos de máxima tensión se vivieron cuando accedieron al despacho del conseller Bosch. Mientras la entonces jefa de gabinete, Ana Maria Rodríguez, y otros responsables de la Conselleria intentaban echarles del despacho e impedir que fotografiaran documentos, Rodríguez cayó al suelo. Al levantarse, propinó una colleja a uno de los estudiantes, quien posteriormente la denunció por esta agresión. Los jóvenes se sentaron en el pasillo de la Conselleria y leyeron un manifiesto, y de allí los fue sacando la Policía Nacional uno a uno.
Además de los 43 imputados, también fueron denunciados siete menores de edad que finalmente no irán a juicio. Los encausados deberán pagar previamente 1.370 euros en concepto de responsabilidad civil.
Poco después de la ocupación, empezaron a llegar sanciones administrativas a los estudiantes que fueron identificados; multas cuyas cuantías oscilaban entre los 1.000 y los 3.000 euros. En total, superaron los 39.050 euros, aseguraron ayer los estudiantes, aunque acabaron siendo paralizadas temporalmente tras la imputación de los 43 estudiantes que a principios de julio irán a juicio. Sus portavoces criticaron ayer la arbitrariedad a la hora de solicitar una pena de hasta un año y medio para siete de los encausados: "Han elegido a los que se veían más en la foto".
Campaña de apoyo social
Los alumnos han puesto en marcha una campaña para recabar apoyo social bajo el lema #JoTambéHiHauriaEntrat y llevarán a cabo varios actos de aquí a julio. De momento, han comenzado a recoger firmas en el campus de la Universitat. En concreto, en los edificios Ramon Llull, Anselm Turmeda y Mateu Orfila se pueden encontrar las hojas para firmar el manifiesto y que los interesados muestren así su apoyo a la causa de los estudiantes. Estos por su parte aseguraron ayer estar dispuestos a seguir luchando "en defensa de los derechos básicos", pese a los intentos del Govern "de criminalizarlos".
