Una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears da la razón al Govern, en el contencioso que mantiene con la empresa que durante los últimos años se ha encargado de la limpieza y mantenimiento del palacio de Marivent, residencia veraniega de la Familia Real. Los jueces han obligado a la empresa Lireba Serveis Integrats a que devuelva casi 250.000 euros por los trabajos que cobró y que se ha demostrado que no se realizaron.

En el año 2007, el Govern firmó un contrato por dos años con esta empresa para que se encargara del mantenimiento de esta residencia de Palma. Posteriormente este contrato se amplió dos años más. Sin embargo, en el año 2011 el Ejecutivo balear, tras un dictamen del Consell Consultiu, decidió rescindir el acuerdo al comprobarse que la empresa no estaba cumpliendo los acuerdos que se firmaron. En concreto, el contrato establecía que la empresa contrataría a cuatro operarios permanentes para que trabajaran en el mantenimiento de Marivent y otros tres que se encargarían de los trabajos de limpieza. Se acordó una partida de 5.300 euros al mes por estos trabajos. Además, la empresa se comprometía a reforzar estos servicios en función de las estancias de la Familia Real en Marivent.

La empresa cobró estos servicios por adelantado. El Govern denunció que el servicio que prestó esta empresa de servicios había sido inferior al que se facturó. Es decir, nunca se asignó el número de trabajadores que se establecía en el contrato. Tras una investigación administrativa, se valoró que el contratista había cobrado un total de 247,358 euros de más al Govern, sobre todo porque había facturado el trabajo de una serie de empleados que no habían desarrollado su labor en Marivent.

El Govern acudió a los tribunales para obligar a esta empresa de servicios a devolver este dinero cobrado de más. La empresa, lógicamente, se opuso a esta demanda y negó que fuera cierto que se hubieran cobrado trabajos que no se habían hecho.

Los jueces detallan que la Administración tiene el derecho a recuperar el precio ya pagado por un servicio que la contratista no ha realizado. En este caso, considerando un hecho probado que la empresa no había cumplido los requisitos del contrato, avala la decisión de romper la relación y reconoce el derecho que tiene el Govern balear en reclamar el dinero que se ha pagado de más.

Al margen de este contencioso, los directivos de esta empresa han sido denunciados por malversación. En este caso también se ha imputado al exconseller de Presidència del Pacte, Albert Moragues, que fue quien firmó los contratos.