El juez Castro tiene decidido en un plazo corto de tiempo imputar de nuevo a la infanta Cristina, esta vez por un delito de blanqueo de dinero. Esta imputación se producirá, a más tardar, este mes de noviembre, pero antes el juez pretende que las acusaciones se pronuncien sobre esta decisión. Si Castro decide continuar con su idea de que la duquesa de Palma debe acudir a su juzgado, como ha hecho su marido en dos ocasiones, no contará esta vez con el apoyo de la fiscalía. Anticorrupción ya se ha pronunciado sobre este tema y entiende que los últimos datos aportados a la investigación en nada justifican que la hija del monarca sea llamada a declarar como supuesta autora de un delito de blanqueo de dinero. El fiscal Horrach tomó la decisión hace ya tiempo de que si se citaba a la Infanta era para llevarla después a juicio, con las suficientes pruebas para obtener una sentencia condenatoria. Y aunque el juez ha ido acumulando informes de Hacienda y de la Policía sobre las actividades económicas de la hija del Rey, el fiscal mantiene que no se ha aportado ningún dato trascendente que no se conociera antes y, por tanto, siguen faltando pruebas para acusarla de un delito. También cree Horrach que demostrar en estos momentos el delito de blanqueo de dinero es casi imposible, dado que habría que valorar si la Infanta conocía que el dinero que gastaba a través de la tarjeta de la empresa Aizoon, sociedad que comparte con su marido, tenía un origen ilícito.

En estos momentos tampoco se sabe qué postura adoptara la abogacía de la comunidad autónoma, que ejerce la acusación, ante esta decisión. Puede que, incluso, no se pronuncie, porque no está obligada a ello. Quien sí con toda seguridad apoyará la imputación de la duquesa de Palma es la abogada Virginia López Negrete, que representa al sindicato Manos Limpias, que desde el principio ha vinculado a la infanta Cristina con la trama urdida por su marido.

La inmediata imputación de la Infanta se da por hecho, no solo entre las acusaciones, sino incluso entre los abogados de la propia Infanta. Jesús María Silva, el catedrático que asume la defensa junto al abogado Miquel Roca, ya reconoció que no descarta la pronta imputación de su clienta.

En la ocasión anterior en la que el juez decidió imputarla, Castro llegó a un acuerdo con el fiscal para suspender la declaración hasta que la Audiencia se pronunciara, ya que Anticorrupción le comunicó que iba a recurrir su decisión. Pero parece que esta vez no se repetirá la situación. El juez no estaría dispuesto a modificar la fecha que acuerde para que la duquesa de Palma declare en el juzgado. No se sabe si Castro fundamentará esta decisión a través de un auto, o se limitará a dictar una providencia anunciando su citación, como ha hecho con otros imputados del caso Nóos.

La acusación inicial se limitaría al delito de blanqueo de dinero. Aunque el auto de la Audiencia apuntó hacia la posibilidad de que se habría cometido, a través de Aizoon, un delito fiscal, la propia Agencia Tributaria sostiene que no existe tal delito. Si Hacienda no se siente perjudicada por las maniobras fiscales de la Infanta, es imposible que el juez la acuse de un delito fiscal.

La Infanta se encuentra ahora residiendo y trabajando en Suiza con sus cuatro hijos. Su marido sigue viviendo en Barcelona.