Los institutos dejan de pagar teléfono y luz por la falta de liquidez del Govern
El Ejecutivo adeuda a cada centro docente una media de 25.000 euros correspondiente al año 2011
Miquel Adrover
Las arcas de los institutos de secundaria de Balears están en números rojos. La falta de liquidez del Govern está provocando que los centros docentes públicos de las islas dejen de pagar los recibos de electricidad y teléfono. La situación es tan grave que la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria de Balears, entidad que engloba a 40 de los 53 centros de secundaria de las islas, celebrará hoy una reunión para analizar la difícil situación económica de la educación a raíz de los recortes del Govern.
Antoni Quintana, presidente de la Asociación de Directores de Secundaria, explicó ayer que el Govern les adeuda alrededor de 1,5 millones euros del año pasado. Una media de 25.000 euros por instituto. "La situación es muy delicada, sabemos que Endesa será tolerante, pero tememos que se llegue a cortar la luz o el teléfono por falta de pago", apuntó Quintana.
Los centros de secundaria reciben una aportación trimestral del Govern para hacer frente a los gastos de mantenimiento, de servicios y de material escolar. Estas aportaciones de la conselleria de Educación se están retrasando de forma especial desde hace unos meses, situación que ha desembocado en que los institutos no pueden pagar servicios básicos para su funcionamiento, como la electricidad, el teléfono o la limpieza.
Gesa-Endesa puede cortar el suministro eléctrico a los dos meses de no pagar en el caso de los particulares y cuatro meses si es una administración pública. María Magdalena Frau, directora de comunicación de Gesa-Endesa, aseguró que "según la ley los centros educativos no son un servicio esencial y se les puede cortar el suministro". Según Gesa, las compañías eléctricas únicamente tienen prohibido dejar sin electricidad a hospitales, centros sanitarios, alumbrado público, policía, bomberos y centros penitenciarios. "Nuestra intención –apuntó Frau– es la de agotar las vías de negociación y establecer un calendario de pagos con el Govern y los institutos. Si se llegaran a agotar los plazos legales, es evidente que la ley nos ampararía para suspender el suministro eléctrico a los centros docentes".
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