La fiscalía y el actual Govern so licitan 6 años de cárcel para Felip Ferré, sobrino segundo político del expresident del PP insular Jaume Matas, por los delitos continuados de cohecho, prevaricación, fraude a la Administración, malversación y falsedades documentales y otro de asociación ilícita, cometidos en el caso Scala, una presunta trama delictiva en torno al consorcio público CDEIB entre 2003 y 2007. Ferré, pese a serle reconocida la atenuante de confesión, se enfrenta a una pena de obligado cumplimiento.
Los escritos de calificación de la fiscalía y la abogacía del Govern acusan a 9 de los 18 imputados de tomar parte activa en todos los delitos mencionados. Josep Juan Cardona, exconseller de Economía y Hacienda en el último Govern de Jaume Matas, y Kurt Viaene, director general de Promoción Industrial en esa conselleria, serían dos de los máximos responsables de la trama. Para ambos se reclaman las penas más elevadas: 21 y 20 años de cárcel.
Antònia Ordinas, directora gerente del consorcio dedicado a la promoción exterior de la industria balear CDEIB, aparece como otra de las principales imputadas. Su confesión y devolución parcial del dinero de origen delictivo hacen que su petición sea de 7 años. Para su esposa, la soprano e historiadora Isabel Rosselló, se reclama una pena de 6 años.
Felip Ferré y su antiguo socio Arnaldus M. Van der Hurk son dos empresarios acusados de colaborar con el entramado. Para el sobrino segundo político de Matas se piden 6 años de cárcel, debido a su condición de arrepentido, mientras "Arnaldus" se enfrenta a penas de hasta 10 años de cárcel. Daniela Francisca Beaumont, su esposo Jaime Julio Fernández Abad, y el empresario Joan Rosselló, que facturó en esa legislatura varios millones de euros al CDEIB, son los tres últimos acusados situados en el primer nivel de responsabilidad. Para ellos se solicitan también penas de cumplimiento obligatorio (de varios años de privación de libertad).
En el segundo nivel se hallan varios empresarios y consultores externos. Estos acusados son: Francisco García Cerrato; S.J.P. ; Manuel Carmelo Sáez Vidal; Pedro Veny; Juan Enrique Riera; Jaume Gil Cuenca; y Antonio Munar . Para ellos se piden distintas penas, en consonancia con los delitos que se les atribuyen: prevaricación, cohecho, fraude, malversación y falsedades. Los dos últimos acusados son Antoni Vicens y Miguel Mauri, a los que se les atribuye una falsedad. La juez Piedad Marín abrirá en breve juicio oral.
La fiscalía y el Govern piden que el PP devuelva 10.000 euros de un presunto delito electoral atribuido a la trama. El PSM-IV-ExM se adhirió ayer a esa solicitud.
