La nueva Plataforma en Defensa de la Enseñanza Concertada, constituida hoy, ha denunciado el "acoso", la "persecución" y las "agresiones frontales" del Govern hacia el sector de los colegios concertados de Baleares, y le ha exigido la retirada inmediata del proyecto de decreto de Conciertos Educativos.
En un crítico manifiesto, las ocho entidades que constituyen la plataforma lamentan las "agresiones frontales" del Ejecutivo autonómico que suponen los "enfrentamientos judiciales" con este sector, y que "una y otra vez" han obligado a la Conselleria de Educación y Cultura a rectificar sus posturas "intransigentes".
La enseñanza concertada, indica este documento, ha visto cómo los acuerdos de mejora que ha logrado han sido "ignorados" en esta legislatura por el Govern, que ha "ralentizado" el proceso de homologación de los sueldos de los profesionales de la privada con los educadores públicos.
La plataforma cree necesario que, antes de aprobar cualquier decreto autonómico, entre en vigor el nuevo reglamento de Normas Básicas Estatales.
En todo caso, cualquier normativa autonómica nueva debe consensuarse con el sector -centros, profesorados, personal administrativo y de servicios, etcétera-, se exige en el manifiesto.
Las organizaciones que forman parte de esta plataforma son Escola Católica de las Islas Baleares, ACENEB-CEDE, UNAC, FEIPIMEB, FE-USO, FSIE y CONFAECIB.
En opinión de todas ellas, el borrador de decreto es el "colofón" de una política "sectaria y de persecución" del sector que sitúa a estos centros y sus trabajadores en una posición de "sumisión a la voluntad arbitraria del poder político que está muy lejos de la previsión constitucional y de la propia Ley Orgánica de Educación".
Los conciertos educativos de la enseñanza postobligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, y en su día el segundo ciclo de Educación Infantil, supusieron una "gran conquista" del sector y de la sociedad balear, recuerda la plataforma.
El sector concertado es que el cuenta con mayor demanda social y supone un ahorro a la Administración pública de más de 50 millones de euros anuales, además de "garantizar" la libertad de las familias para escoger el centro educativo en el que quieren que se formen sus hijos.
Entre las exigencias de la plataforma se encuentran que se reconozca el ahorro económico que supone la concertada, que el Govern mantenga la vigencia de la totalidad de acuerdos firmados y la derogación inmediata de los recortes en las retribuciones de los profesores, así como la renuncia a ninguna otra rebaja salarial mientras no se consolide la referida equiparación.
La plataforma ha remitido su manifiesto al presidente del Govern, Francesc Antich, y al conseller de Educación y Cultura, Bartomeu Llinàs, y ha acordado fijar un calendario de movilizaciones si el Ejecutivo no atiende sus peticiones.
