Los tres responsables del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) en la pasada legislatura fueron ayer detenidos y durmieron en los calabozos de la Policía Nacional de Palma. Se trata de los altos cargos del PP Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern, ambos ex directores-gerentes del Ibatur, y de Miquel Àngel Bonet, ex secretario de dicho organismo de promoción turística de Balears. Este último, representado por Gaspar Oliver, ya fue detenido en febrero del año pasado y confesó posteriormente haber falsificado facturas para desviar dinero público para sus fines particulares, dando origen al hoy llamado caso Ibatur. Asmismo, a primera hora de la mañana de este jueves se ha arrestado al administrador del grupo Clave.

Las detenciones de Bonet, Alabern y Alía se produjeron entre las nueve y media y las diez y media de la noche de ayer, minutos después de que concluyera el interrogatorio a cinco empleados del Ibatur -cuatro mujeres y un hombre, todos ellos jefes de departamento- que habían sido detenidos por la mañana. Todos ellos admitieron ante los investigadores haber manipulado decenas de expedientes de contratación y fraccionado facturas, siguiendo las órdenes de su superiores Alía, Alabern y también de Bonet. Los empleados confesaron la existencia de un entramado en el Ibatur para dar trato de favor siempre a las mismas empresas, especialmente la agencia de publicidad Clave.

Alabern -defendido por José Zaforteza- sucedió a Alía al frente del Ibatur en 2004, tras destaparse el escándalo del club de alterne Rasputín, en Moscú. Los dos fueron la mano derecha del anterior conseller de Turismo, Joan Flaquer. Con todo, los empleados del Ibatur no implicaron en sus declaraciones al hoy diputado del PP, si bien los investigadores no descartan que estuviera al tanto de la trama.

Los detenidos llegaron en sendos coches policiales a la Jefatura Superior, y se prevé que hoy sean interrogados por los agentes; posteriormente se determinará si salen en libertad o por contra pasan a disposición judicial.

La Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con el Grupo de delitos económicos de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria de Balears investiga los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, falsedad mercantil y oficial, y contra la Hacienda pública, en el seno del Ibatur durante la pasada legislatura.

Después de más de un año de pesquisas, el martes estalló la operación Pasarela, que se saldó ayer con un total de 10 detenciones; además de las mencionadas, se arrestó a un empresario y un testaferro, quedando este último en libertad, al igual que los cinco trabajadores del Ibatur.