04 de septiembre de 2009
04.09.2009
Caso Can Domenge

La jueza reclama 38,5 millones de fianza para Flaquer y la UTE

La instructora da 24 horas al presidente de UM y a Sacresa-Ferra Tur para adelantar las responsabilidades pecuniarias

03.09.2009 | 23:30
Miquel Ángel Flaquer, cuando declaró por el caso Can Domenge en diciembre de 2007.
La jueza de instrucción número 12 estableció ayer una fianza de 38,5 millones de euros para que depositen, de forma solidaria y en 24 horas, los imputados no aforados en el caso Can Domenge, la presunta trama de corrupción político empresarial en torno a la enajenación por el anterior Consell de Mallorca de los solares del mismo nombre. Entre los requeridos para el depósito de dicha cantidad, destinada a cubrir las responsabilidades económicas de los supuestos delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración, están el actual presidente del Unió Mallorquina, y vicepresidente del Consell, Miquel Àngel Flaquer, así como ex altos cargos y actuales responsables de las empresas Sacresa y Ferrá Tur, adjudicatarias del concurso.
El núcleo del caso Can Domenge, denunciado en 2007 por el empresario barcelonés Josep Lluís Núñez i Navarro, gira en torno a la enajenación por el anterior Consell de Mallorca, gobernado por Unió Mallorquina con apoyo del Partido Popular, por menos de 30 millones de dos solares urbanizables de la antigua finca de Can Domenge, tasados según algunos expertos en más del doble. La exigencia de garantías por la posible trascendencia económica del asunto no se exige, de momento, contra Miquel Nadal, ex vicepresidente del Consell y ahora conseller de Turismo, ni contra Bartomeu Vicens, ex conseller de Territorio del Consell y hoy diputado del grupo mixto del Parlament, que son personas aforadas.

Un quebranto de 30 millones

Así los encausados habrían causado al erario público un quebranto de unos 30 millones, a los que cabría añadir otros 8,5 millones por multas y otros conceptos.
Entre los imputados a los que se les exige la fianza destacan Mario Sanz Bernal y Joan María Pujals, que entre 2004 y 2006 ocupaban puestos directivos en la constructora catalana Sacresa, así como Pedro Francisco Ferrà Tur, el socio mallorquín de la UTE que ganó en 2006 el concurso convocado por el Consell de Mallorca para edificar en las parcelas unas viviendas de diseño y emblemáticas para Palma y defendido por el bufete Buades.
El auto donde la instructora establece la millonaria fianza por el caso Can Domenge asegura que los imputados están acusados de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales y fraude a la Administración, cargos idénticos a los que pesan sobre el conseller Miquel Àngel Nadal y el ex dirigente de UM, y actual diputado del grupo mixto en el Parlament, Bartolomé Vicens.
La jueza postula que los implicados en la supuesta trama causaron un quebranto patrimonial al Consell de unos 30 millones de euros al poner a la venta los terrenos de Can Domenge a la mitad de su precio de mercado. Para conseguir sus propósitos recurrieron "al artificio de poner un precio máximo en la enajenación del inmueble (los dos terrenos)".
La fiscalía anticorrupción había reclamado la imposición de una fianza de 40 millones para los encausados no aforados.

Embargo de bienes

El auto de la instructora puede recurrirse en reforma ante ella misma y en apelación ante la Audiencia. En caso de adquirir firmeza se abriría un proceso para localizar y embargar bienes de los imputados, ante la previsible imposibilidad de depositar el millonario aval.
Las compañías Sacresa Terrenos y Promoción S.L. y Construcciones Pedro Francisco Ferrá Tur están consideradas responsables civiles subsidiarias de los gestores imputados, por lo que aparecen obligadas a contribuir a la fianza reclamada.
La magistrada también decidió ayer sobreseer el caso para Bartolomé Tous Aymar, ex secretario del Consell de Mallorca y Mariano Gual de Torrellà, director de la ponencia técnica de la Comisión Insular de Urbanismo y arquitecto jefe del Servicio de Urbanismo del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, representados ambos por Gabriel Garcías, al estimar que no existen indicios delictivos contra ellos.
En el sumario declararon como imputados varios funcionarios y técnicos del Consell que aseguraron haber obedecido las directrices de los políticos a la hora de materializar las peculiares condiciones del concurso de enajenación, que desde su convocatoria suscitó enormes críticas.

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