El consorcio para la construcción del Palma Arena pagó una factura de 900.000 euros relativa a la pista del velódromo, cuyo importe debía correr a cargo de los arquitectos García-Ruiz, según los investigadores. Los agentes del grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional están analizando de forma exhaustiva todos los cargos y posibles desfases en la facturación de las obras de la instalación deportiva.
La semana pasada declaró el ex gerente del Consorcio, Jorge Moisés, sobre varias facturas, entre ellas la relativa a las ayudas a la pista por un valor de 900.000 euros. Moisés se desvinculó y dijo que él no había ordenado el pago de dicha cantidad. Según su versión, fue la UTE la que llegó a un acuerdo con el despacho de los arquitectos García-Ruiz para que finalmente el Consorcio abonara los 900.000 euros. Esta cifra, según consta en el contrato, debía haber corrido a cuenta de los arquitectos.
El ex gerente Jorge Moisés también se defendió diciendo que esa factura posiblemente fue pagada cuando él ya no figuraba en el Consorcio debido al cambio de gobierno, tras las elecciones. Moisés destacó que tenía muy poca voz dentro de la junta rectora y que carecía de poder de decisión. Sin embargo, los investigadores sospechan que él se encargaba de señalar cuáles eran las facturas que tenían que pagar los arquitectos y cuáles eran los gastos a los que tenían que hacer frente. El ex gerente recalcó que no cobró comisiones ni se benefició de las obras.
