Desde el primer momento, el PP balear hizo de la obra del Palma Arena uno de sus proyectos estrella de la legislatura 2003-07, involucrándose personalmente el presidente del Govern, Jaume Matas. Sin embargo, éste evitó mojarse por escrito, limitándose a imponer verbalmente la construcción del velódromo a sus subordinados, e intervenir puntualmente para exigirles premura. La consellera de quien dependía formalmente la obra, Rosa Puig, sólo acudió a la primera reunión del consorcio creado para llevarla a cabo, delegando el resto de ocasiones en su director general de Deportes, Pepote Ballester.
Tampoco quiso aparecer sobre los papeles la alcaldesa de Palma de entonces, Catalina Cirer, asumiendo su labor su concejal de Deportes, Rafa Durán. De este modo, y aunque Matas, Puig y Cirer se apuntaban para las fotos de las visitas de obra, los que llevaban el día a día de la misma eran Ballester y Duran, quienes autorizaban los dispendios de las constructoras. Cuando la Justicia ha investigado por qué el presupuesto inicial se disparó hasta más del doble, las firmas de ambos les han conducido al arresto.
