La propuesta de Jaume Matas dirigida a crear una moratoria en la reforma de los estatutos autonómicos hasta conocer cómo se resuelve el catalán fue recibida con frialdad entre sus correligionarios de la península.

El secretario general del PP, Angel Acebes, atribuyó ayer la iniciativa del president balear a la "preocupación por la discriminación y por la ruptura que encierra" el documento catalán.

Preguntado si entonces el PP va a parar el resto de reformas estatuarias, explicó que actualmente la "máxima preocupación y prioridad" del partido está en esa "propuesta rupturista", y negó que haya alguna decisión encaminada a poner freno al resto de reformas.

Por su parte, el portavoz de los ´populares´ en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, afirmó ayer que resulta "evidente" que "no cabe" una moratoria para el Estatuto de la Comunidad Valenciana, que debe ser aprobado "cuanto antes" y "sin dilaciones" porque "da sentido común y respalda la Constitución y el Estado de las autonomías".

Desde Cataluña, su homólogo del PP, Daniel Sirera, se mostró en desacuerdo con la "opinión" expresada por Jaume Matas. Sirera entiende que el debate abierto por el Estatut catalán "no puede condicionar al resto de territorios" y frenar sus propios procesos.

En este sentido, remarcó el caso del estatuto valenciano, para el que consideró que, dado que "se ha alcanzado un acuerdo" entre el PSOE y el PP "y se ha iniciado ya la tramitación" en las Cortes, "este proceso debería continuar".

Complejo

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, calificó de "complejo" establecer una "moratoria" para las renovaciones de los textos autonómicos porque el catalán ya se encuentra en el Congreso, donde cree que "hay antecedentes" para que sea rechazado.

El mandatario castellano y leonés manifestó que, pese a su complejidad, es "digna de estudio", porque la propuesta catalana ha llegado al Congreso y entiende que "no habrá que esperar mucho para ver lo que va a ocurrir".

Desde el bando contrario, el portavoz del PSC, Miquel Iceta, descalificó la posibilidad de someter a una moratoria todos los proyectos de las comunidades autónomas a la espera de que se apruebe el catalán, al igual que el coordinador de los diputados del PSC en el Congreso, Daniel Fernández, quien apostó porque cada autonomía "encuentre su camino". Iceta alertó contra los textos "fotocopiados".