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Mercado de trabajo

Fijos discontinuos, convenios y falsos autónomos: estos son los fraudes que más perseguirá la Inspección de Trabajo en 2023

La 'policía laboral' suma los retos de la reforma laboral y los cambios en el código penal a su plan estratégico

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. DAVID CASTRO

De la misma manera que las empresas inauguran el año con un cuadro de objetivos, la Inspección de Trabajo también tiene su propia lista de materias prioritarias y fraudes a vigilar especialmente cuando visite los centros de trabajo durante el presente ejercicio. Fijos discontinuosconvenios colectivos falsos autónomos son algunas de las carpetas a las que la policía laboral estará especialmente atenta en sus actuaciones. Materias novedosas todas ellas en tanto que se incorporan con la nueva reforma laboral y los cambios en el Código Penal y que se suman al plan estratégico que guía anualmente las actuaciones de los inspectores y subinspectores de Trabajo.

Según la última memoria disponible del organismo estatal, la policía laboral inspeccionó en 2021 un total de 663.277 sedes de empresas. Es decir, prácticamente la mitad de las compañías en España reciben la visita de un inspector en algún momento del año. De dichas actuaciones resultaron sanciones y requerimientos por valor total de 1.030,2 millones de euros. Y cerca de una de cada tres actuaciones de la Inspección suelen acabar en multa o sanción para la empresa. 

Aunque no siempre todas las actuaciones requieren de presencia física de inspectores, en tanto que el cuerpo ha ido incorporando algoritmos en su arsenal para "a través del análisis masivo de datos, detectar posibles situaciones irregulares en el uso de distintas formas de contratación", apuntan fuentes consultadas de la dirección de la Inspección.

La actividad de la ‘policía laboral’ se ha disparado en la presente legislatura. Según datos que ofreció la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuando presentó el plan estratégico del cuerpo, la acción inspectora ha aumentado el 355% durante su mandato al frente del Ministerio de Trabajo. Incremento que no ha ido aparejado de un aumento de plantilla acorde y que ha provocado, entre otros, la primera huelga de todo el cuerpo en la historia de la institución. 

Contratación, becarios y falsos autónomos

Parte sustancial de ese aumento de trabajo se explica por la aprobación de nuevas normativas, desde, la obligación para las empresas de tener al día su plan de igualdad, pasando por los ERTE durante el covid y hasta la última reforma laboral. En relación a esta última, miles de empresas han tenido que adaptarse al nuevo abanico de contratos pactado entre Gobierno, patronal y sindicatos. Aquí las fórmulas temporales se han limitado en aras de que las compañías conviertan parte de esta temporalidad desordenada en contratos indefinidos

Los agentes de la Inspección vigilarán que figuras como el contrato de obra y servicio se extingan definitivamente y que las empresas no los perpetúen. Y también que el uso de las alternativas aupadas por la reforma es el adecuado a la norma, como es el caso del fijo discontinuo. “La relevancia adquirida tras la reforma laboral de esta forma de contratación hace que, lógicamente, también aumenten los controles de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no porque se cuestione esta figura sino para velar por su utilización correcta”, cuentan fuentes consultadas de la dirección de la Inspección. Aquí, si bien no es nuevo, el organismo también vigilará con especial atención el empleo irregular y ‘en B’.

Otra novedad legislativa que tendrá incidencia en la acción inspectora es la modificación del código penal, según la cual pueden ser tipificados como delitos el abuso reiterado de la figura del falso autónomo. Algo que se espera que tenga especial incidencia en sectores como el de las plataformas digitales, donde el empleo de autónomos para repartir sigue siendo la tónica generalizada pese a la ‘ley Rider’. “Este año se continuará prestando especial atención a los falsos autónomos, las prácticas no laborales de carácter fraudulento y a las plataformas de reparto”, confirman desde Inspección.

A las carpetas novedosas se suman los sospechosos habituales vigilados por la Inspección. En esta situación se encuentran la prevención de riesgos laborales y las materias vinculadas con la salud laboral, donde las cifras de siniestralidad al alza obligan a los agentes de la ‘policía laboral’ a buscar mejores resultados. Entre enero y octubre del 2022, últimos datos disponibles, murieron durante su jornada laboral o yendo y viniendo a la misma 688 personas en toda España, el 17% más que en el mismo periodo del año anterior.  

Sin datos todavía del algoritmo MAX

Una de nuevas herramientas que ha incorporado la Inspección para el control de las horas efectivamente trabajadas –otra de las prioridades recurrentes- es el algoritmo conocido como MAX (‘Más algoritmos para menos horas extras’). Este ayuda a los agentes a detectar fraudes con el registro de jornada -obligatorio en toda empresa desde 2019- y que no se trabajen más horas de las estipuladas en el contrato. Según los últimos datos del INE, en España se trabajan cada mes 24,8 millones de horas extra, de las cuales el 43,5%, es decir, 10,8 millones, las empresas no las pagan. 

Pese a que Yolanda Díaz anunció la puesta en marcha de este algoritmo en mayo, poco se conoce del mismo. Ni su configuración, ni si es eficaz o no. “La valoración de sus resultados requiere un mayor tiempo pues se trata de un proyecto recién iniciado y que no consiste una detección y corrección automática de irregularidades sino que requiere también de actuaciones inspectoras específicas”, explican fuentes consultadas de Trabajo.

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