El Gobierno activó hace un año un sistema de control de los beneficios extraordinarios de las eléctricas para evitar que aprovecharan las fuertes subidas de los precios provocada por la crisis energética para disparar sus ingresos de manera abusiva. Un sistema de recortes de ingresos y de precios máximos obligatorios para la venta gran parte de la electricidad que estaba previsto que expirara el próximo 31 de diciembre, pero que el Ejecutivo prolongará durante todo 2023.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha incluido la prórroga de los recortes a las eléctricas hasta final del próximo año en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros con medidas del Plan Más Seguridad Energética, el plan de contingencia que exige la UE a todos los estados miembros con iniciativas para blindarse ante la amenaza de cortes de suministro por parte de Rusia y para hacer frente a los efectos de la crisis energética.

El objetivo del Gobierno con estos recortes es impedir que las compañías energéticas vendan la electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y parte de las renovables a los precios desorbitados del mercado mayorista, que ha estado marcando máximos por el contagio del alto precio del gas natural y de los derechos de CO2, que son costes que estas tecnologías no soportan.

El mecanismo activado por el Gobierno, que ha acabado siendo revisado y modificado en varias ocasiones desde entonces, obliga a nucleares, hidráulicas y renovables a devolver los ingresos extraordinarios obtenidos con los contratos firmados por encima de un precio máximo marcado de 67 euros por megavatio hora (MWh) que, según los cálculos del Gobierno, era la barrera entre aprovecharse de manera injustificada de la crisis y no hacerlo. Un importe más reducido que el tope de 180 euros que de manera provisional propone la Comisión Europea para topar el precio de venta de electricidad.

Ahora el Gobierno mantendrá ese precio máximo sin cambios y prolongará su vigencia hasta diciembre de 2023, justificando la utilidad del sistema vigente para evitar mayores subidas de la electricidad en los contratos de venta. Desde que se activara este sistema de recortes, las compañías eléctricas han tenido que devolver un total de 366,2 millones de euros por tener contratos firmados por encima del precio máximo de la electricidad fijado por el Gobierno, según los datos oficiales que desveló El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, correspondientes a los ajustes de ingresos realizados desde septiembre de 2021 y hasta julio de 2022.

El Gobierno activó en septiembre de 2021 el sistema que obligaba a nucleares, hidroeléctricas y a parte de las renovables a devolver los ingresos extraordinarios. Posteriormente, el Ejecutivo aprovechó el macrodecreto de marzo de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania para revisar el sistema de minoración de los ingresos extra y ampliarlo a todos contratos que se firmen a precios altos (por encima de 67 euros por MWh). Y también creó un sistema de vigilancia especial para las grandes eléctricas para asegurarse de que no se están ocultando los conocidos como "beneficios caídos del cielo" ("windfall profits") a lo largo de la cadena de contratos entre empresas del mismo grupo para acabar trasladando los precios inflados al cliente final.

La pugna por los por los 'windwall profits'

Las compañías eléctricas niegan la existencia de esos beneficios extra y subrayan que tienen toda su producción vendida en contratos bilaterales a precios muy inferiores a los del mercado mayorista. Desde el sector eléctrico se subraya que precisamente la devolución de sólo 366 millones de euros durante casi un año demuestra que las compañías no se benefician de los precios del mercado mayorista, dado que la primera previsión del Gobierno era recaudar con este mecanismo 2.600 millones de euros en seis meses (una estimación que se estableció con el primer sistema de recortes, y que el Gobierno no actualizó con los cambios regulatorios posteriores).

Desde el Gobierno se contrapone que el sistema de minoración de los ingresos está sirviendo para que las compañías contengan sus precios, ya que está permitiendo que las eléctricas firmen todos sus nuevos contratos y sus actualizaciones como máximo por esos 67 euros por MWh para evitar la devolución de los ingresos extra.

En paralelo, el Ejecutivo ha puesto en marcha o prepara otras medidas para evitar los beneficios extra y reducir el precio de la luz. Por un lado, activó en junio la excepción ibérica, el mecanismo que establece un tope al precio del gas que se utiliza para producir el gas para rebajar la cotización del mercado mayorista eléctrico al evitar que el precio del resto de tecnologías se vean contaminados por el encarecimiento del gas.

Por otro, el Ejecutivo ha diseñado un impuesto específico para las grandes eléctricas para que aporten un parte de sus ingresos (un 1,2% de su facturación) para financiar las medidas de apoyo a familias y empresas, aunque el Gobierno modificará el diseño del futuro tributo para adaptarlo al gravamen que pacten los estados miembro de la Unión Europea.