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Diario de Mallorca

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Una medida que afectará al bolsillo de los conductores

El Gobierno lo tiene claro: habrá peajes en todas las autovías "sí o sí"

El Ejecutivo de Sánchez ultima el modelo para "paliar el déficit en conservación de carreteras" y no restar dinero "de sanidad o educación"

Tráfico en la autopista Y (A-66), en el centro de Asturias.

El Gobierno de Pedro Sánchez lo tiene meridianamente claro: habrá peajes en todas las autovías y autopistas de la red estatal "sí o sí". Y será cuanto antes. La secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, defendía días atrás en Pontevedra que resulta “imperativo” el pago de una tasa por el uso en las autovías españolas y ha apelado a “no aplazarlo más”. Defendió que el pago por uso de las vías de alta capacidad ofrecerá una solución al “creciente déficit” en materia de conservación de carreteras (unos 8.000 millones de euros), pues posibilitará la obtención de una fuente de ingresos extra y directa.

Pardo de Vera subrayó que no aprobar esta tasa detraería recursos para el mantenimiento de las carreteras, lo que obligaría a detraerlos de los que deben ser destinados a “reforzar el aseguramiento de la sanidad, la educación o la justicia”. Ese perjuicio se agrava, dijo, con la recaudación de peajes “desequilibrados” en el territorio, que generan “profundas brechas de oportunidad”, como ocurre con el del Huerna entre Asturias y León, el segundo más caro de la red estatal.

La secretaria de Estado incidió en que los 1.400 millones de euros que destinarán este año los Presupuestos del Estado al mantenimiento de la red estatal de autovías y autopistas son “insuficientes”. Entiende, además, que en este escenario España debe dar un “paso más” hacia los cambios que demandan las autoridades europeas. En este sentido, apuntó que el modelo impuesto en Europa es “un 60 por ciento de tasa de uso y un 40 por ciento de peajes” y se ha preguntado si “alguien puede entender” que los camioneros españoles “paguen por usar las carreteras de toda Europa” y los extranjeros “usen gratis” las estatales.

“Se ha alargado demasiado la toma de decisiones”, indicó Pardo de Vera, quien también hizo hincapié en el “gran esfuerzo” del Gobierno para “minimizar” los “enormes desequilibrios territoriales” en materia de movilidad. Así, recordó que entre 2018 y 2026 se liberaron o se liberarán 1.244 kilómetros de la red nacional de autopistas y se aprobaron descuentos “históricos” en aquellas que siguen con concesión debido a decisiones “que nos dejaron rehenes de su gestión”.

La cuenta atrás para la implantación de peajes en todas las autovías y autopistas del Estado ya ha comenzado. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, presentará el anteproyecto de ley de Movilidad Sostenible en el Consejo de Ministros el próximo martes. A continuación, impulsará el diseño el “plan de peajes” gubernamental. El Ejecutivo tiene prisa porque necesita cumplir el compromiso que adquirió con la Unión Europea (UE) para recibir fondos covid: cuadrar las cuentas y ajustar el objetivo de déficit con nuevos impuestos. Además, pretende separar todo lo posible en el tiempo la tramitación del cobro por uso en todas las vías de alta capacidad de los comicios de 2023 para así aminorar el “coste electoral”. Pero se propone implantarlo de inmediato si gana esas elecciones.

El Gobierno aún no ha decidido el sistema de pago que se implantará en España. Se decidirá “en los próximos meses” y será “progresivo y homogéneo” para evitar agravios entre territorios. Se aplicará asimismo “el criterio europeo de quien contamina paga”, lo que implicará que lo se tendrán en cuenta criterios sociales, solo ambientales; esto es, los coches antiguos, los más contaminantes, pagarán más. El Gobierno indicó en varias ocasiones que no se cobraría peaje a quienes necesiten transitar por autovías por motivos de trabajo o cualquier otra necesidad, pero nunca aclaró cómo aplicará esas exenciones.

Otra duda a despejar es la tasa que se aplicará. El Ejecutivo siempre ha afirmado que su intención es implantar una tasa simbólica, que podría situarse en torno al céntimo por kilómetro para los vehículos más modernos, lo que permitiría recaudar unos 1.500 millones al año. Pero la patronal de la construcción y las concesionarias de peajes, Seopan, ha llegado a proponer tasas de hasta 9 céntimos por kilómetro y calcula que el Estado podría ingresar más de 12.000 millones al año. Finalmente, resta por saber qué ocurrirá con los peajes existentes en la actualidad, como el del Huerna, y si, una vez generalizado el pago en todas las autovías, se compensará de alguna manera a los usuarios de la autopista asturleonesa para que el kilómetro les cueste lo mismo que a los de las demás vías de alta capacidad.

“Daño evidente” a la economía, dice un órgano consultivo de Galicia

Paula Pérez

El Consejo Gallego de la Competencia (un órgano consultivo de la administración de Galicia) se ha lanzado a desmontar los argumentos del Gobierno para justificar el pago por circular por las autovías y alerta además que imponer esta tasa supondrá “un evidente daño a los operadores económicos de Galicia” por su situación periférica. El órgano señala que la UE no impone ninguna obligación a España, solo reconoce la facultad de los estados miembros para imponer estos cargos por usar una infraestructura. Critica “la falta de rigor” con la que se planificaron infraestructuras y que ahora se apele a su mantenimiento para justificar los peajes, en lugar de depurar costes de conservación, en manos de “un cártel de empresas que alteraban los precios”. En todo caso, si finalmente se impone esta tasa, la comisión gallega de la Competencia pide que sea “una viñeta”. En su análisis, esta entidad reguladora advierte que el establecimiento del sistema de pago por uso en vías de alta capacidad surgió en los “países centrales de Europa” por el “fuerte tráfico internacional de camiones” con tránsito o destino a otros países. Pero advierte que ése no es el caso de España y mucho menos de Galicia. Más del 97 por ciento de las toneladas movidas por carretera en el territorio nacional fueron transportistas españoles. “Si se aplica aquí se gravará fundamentalmente a los operadores económicos nacionales”, alega. Por otro lado, aunque el Gobierno se escuda en que el pago en autovías es un imperativo de Bruselas, el Consejo Gallego de Competencia advierte que la directiva europea alude a la “capacidad, no a la obligación” de los estados de mantener o introducir peajes en sus infraestructuras.

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