Podemos registra la ley de CCOO y UGT para regular alquileres

Unidas Podemos y otros socios habituales del Ejecutivo, como ERC, EH-Bildu, Más País, Compromís y Nueva Canarias, registran este jueves en el Congreso una nueva Ley de Vivienda que regula el precio de los alquileres y que ha sido impulsada por las centrales CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otras organizaciones.

Los promotores entregaron su texto a los grupos la semana pasada, pero es este jueves cuando se registre formalmente como proposición de ley también con la firma de Junts, la CUP y el BNG. De esta forma, queda registrada antes del nacimiento de la nueva Ley de Vivienda comprometida entre el PSOE y Unidas Podemos y que acumula ya siete meses de retraso respecto al calendario inicialmente trazado por los socios de la coalición de gobierno.

Socialistas y 'morados' alcanzaron ese compromiso para impulsar los vigentes Presupuestos de 2021, acordando habilitar una regulación de los alquileres para poder rebajar los precios. Sin embargo, esta nueva ley sigue sin ver la luz, ante las resistencias del PSOE para intervenir los precios.

Claves de la ley

La ley registrada este jueves contempla modificaciones legales en la Ley de Arrendamientos Urbanos, así como en la regulación hipotecaria y judicial, y establece un objetivo para que los municipios con más demanda residencial dispongan en un plazo de veinte años de un 20% de vivienda social respecto al total del parque de viviendas. Además, contempla la prohibición expresa de los desahucios sin alternativa habitacional y garantiza los suministros básicos.

En el caso del alquiler, la nueva ley habilita a declarar zonas tensionadas si la renta media supera el 30% de los ingresos medios o que en cinco años se acumule un crecimiento de los precios de al menos tres puntos por encima de la tasa interanual del IPC de la comunidad autónoma correspondiente. La declaración de zona tensionada podrá extenderse hasta cinco años.

Asimismo, contempla que los ayuntamientos puedan aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas vacías de los grandes tenedores y anula el régimen fiscal especial de las socimis, que pasarían a tributar en el régimen general.