Los centros educativos que se nieguen a impartir la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos podrían perder la autorización administrativa para ejercer la enseñanza. Según el Ministerio de Educación y Ciencia, la autonomía de los centros nos les permite decidir acerca de la implantación de la materia, porque es obligatoria.
"El incumplimiento de esta obligación conllevaría los efectos previstos en la normativa reguladora de las autorizaciones administrativas de los centros, pudiendo dar lugar, en su caso, a la apertura de un expediente de revocación de dicha autorización.". Así lo precisó el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, en una carta remitida recientemente al secretario general de la organización de escuelas católicas FERE-CECA, Manuel de Castro. En la misma, Educación reconoció que es "perfectamente posible" impartirla "conforme al carácter propio, confesional o no", de los centros, cuestión que FERE-CECA había planteado al Ministerio.
Tiana recordó que la LODE y la LOE dejan bien claro el derecho de los titulares de los centros privados a fijar el carácter propio de éstos, así que no se puede impedir la "plena adaptación" del currículo de cualquier materia a su ideario.
Por otro lado, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, cuestionó el pasado martes "la legitimidad ética y jurídica" de la asignatura al considerar que ésta plantea una "duda racional" sobre su posible uso para la manipulación ideológica.
