El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra la totalidad de la ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo. El PP recurrió contra la citada norma el pasado 30 de septiembre con el argumento principal de que la reforma del Código Civil que permitía casarse a las personas del mismo sexo desnaturaliza "la institución básica del matrimonio".

La resolución de la sección segunda del Constitucional admitiendo a trámite el recurso avalado con la firma de más de cincuenta diputados del PP entre los que no se halla Mariano Rajoy, ha sido remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado, para que puedan presentar alegaciones en el plazo de quince días. El tribunal no entra a considerar el contenido del recurso, sino que el mismo cumple los requisitos pertinentes y se remite para dilucidar sobre las cuestiones de fondo al "momento procesal oportuno".

El recurso del PP señalaba que la ley es contraria a la Constitución porque vulnera varios artículos de la misma, entre ellos el 32, por no respetar la definición constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, y también por no respetar la garantía institucional del matrimonio reconocida por la Carta Magna.

Según los conservadores, la modificación de la ley supone un cambio de la concepción del matrimonio a través de la inclusión de un segundo párrafo en el artículo 44 del Código Civil, que establece que "el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo".

"Aunque la apariencia de simplicidad en la técnica legislativa seguida pueda dar a entender otra cosa, el legislador está alterando con dos líneas de una ley ordinaria no sólo los elementos definitorios básicos de una institución fundamental, sino todo el conjunto normativo construido durante siglos alrededor de la misma", añadía el texto del recurso.

Además del recurso del PP, están planteadas ante el TC tres cuestiones de inconstitucionalidad que afectan a la citada Ley 13/2005 de 1 de julio, presentadas por jueces de Denia (Alicante), Telde (Gran Canaria) y Burgos.