La historia del canon de saneamiento en Balears comienza en 1991 con la aprobación de la Ley 9/91, de 27 de noviembre, reguladora del canon de saneamiento de aguas, BOIB de 24 de diciembre de 1991, por parte del Govern de les Illes Balears. En esta misma época, se creó el IBASAN (Institut Balear de Sanejament) como organismo público para la gestión en alta del saneamiento en Balears.
La idea fue innovadora, y aunque podría discutirse la idoneidad de los coeficientes aplicados a los distintos sujetos pasivos, es un hecho incontrovertible que supuso un paso decisivo para la mejora del tratamiento de las aguas residuales en las islas y permitió situar a nuestra comunidad en una posición preeminente en esta materia.
El canon fundamentalmente consistía en la aplicación de un impuesto finalista, es decir, únicamente destinado al objeto del mismo, en este caso financiación de infraestructuras de tratamiento de aguas residuales y su explotación y mantenimiento. El canon se recauda aplicando a la facturación de los consumos de agua potable, llevados a cabo por particulares y empresas. Es decir, que la recaudación va en función del consumo de agua y no en función del coste de depuración, que varía enormemente entre municipios por las economías de escala y por los diferentes requerimientos de calidad de agua tratada, en función de varios criterios y normas.
El canon de saneamiento ha seguido básicamente igual desde 1992, con una excepción conceptualmente muy importante: el canon ha dejado de ser finalista desde 2013, por modificación de la Ley 9/1991 en la ley de presupuestos, en la que se aprovechó, además, para aplicarle una sustancial subida.
La cuestión es que estamos en 2015. Han pasado casi 25 años desde que se aprobó la ley del canon y mientras que en esta comunidad no se ha hecho prácticamente nada más (y lo que se ha hecho no ha ido siempre en el buen sentido), en otras comunidades, que llegaron más tarde, ya han pasado de la ley del canon de saneamiento a la ley del canon del agua que integra el ciclo completo del agua. En algunos casos, con fórmulas polinómicas que aproximan mucho más al verdadero coste del ciclo del agua, en la línea establecida por la Directiva Marco del Agua, aprobada, no lo olvidemos, en el año 2000, es decir, hace quince años.
Hemos pasado de ser los primeros en gestión del ciclo del agua a figurar en el furgón de cola. Más todavía después del esperpento del Plan Hidrológico vigente, con sonora bronca de la Unión Europea incluida. La creación en 2004 de ABAQUA, agencia pública balear que debía ser del agua y acabó siendo de muchas cosas, no ha supuesto ninguna mejora ostensible, más bien al contrario.
Actualmente seguimos anclados en el modelo clásico de oferta de agua en materia de suministro, con plantas desalinizadoras paradas casi todo el año, mientras determinados acuíferos padecen de sobreexplotación crónica y algunas zonas en situación de emergencia hídrica, con una total ausencia de gestión de la demanda. En muchos municipios se incumple el Real Decreto 140/2003 de calidad del agua potable y se carece del más mínimo modelo de gestión, sea pública o concesional.
Los precios del agua siguen sin ser el reflejo de los costes del recurso y, en muchos casos, ni siquiera cubren el coste directo. Ello provoca tres efectos muy importantes. En primer lugar, el mecanismo natural de asignación racional de recursos vía precios no actúa adecuadamente, con el resultado de una demanda excesiva. En segundo lugar, al no corregir los impactos negativos de la sobreexplotación, lo que no paguemos ahora en forma de impactos ambientales sobre los recursos hídricos, lo pagaremos en el futuro con grandes sobrecostes. Y, en tercer lugar, estamos subvencionando entre todos los consumos de los turistas, grandes consumidores de agua, para que unos pocos obtengan mayores beneficios.
En materia de saneamiento, las plantas depuradoras no han sido actualizadas o reformadas en los últimos diez años, con presupuestos y plantillas de mantenimiento reducidos a su mínima expresión. Algo parecido ocurre en alcantarillado, de competencia exclusivamente municipal, pero no por ello menos importante. A ello se une también el parón de inversiones urgentes y de interés general del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de aguas, mientras se construyen líneas del AVE a tutiplén y sin saber muy bien a donde van.
Es necesario retomar urgentemente la senda de la racionalidad técnica y económica en materia de agua, revisando a fondo el actual modelo orientado a la oferta, con la elaboración de un nuevo canon finalista para todo el ciclo del agua que contemple la situación real de costes y necesidades de nuevas inversiones, una revisión profunda del Plan Hidrológico, que asuma las deficiencias en materia de abastecimiento y saneamiento, con la aprobación del non nato plan director de saneamiento de las Illes Balears, que duerme el sueño de los justos en algún cajón del ABAQUA, redactado hace más de cinco años.
Asimismo, es necesario aprovechar todos los recursos disponibles, públicos y privados, para ejecutar de inmediato las infraestructuras más urgentes, dada la situación de incumplimiento permanente de muchas de las normas en vigor. Solamente así recobraremos la posición que nunca debimos abandonar, de liderazgo en materia de gestión del agua, especialmente en islas. Ello nos permitiría además potenciar sectores económicos de alto valor añadido, muy necesarios para mejorar nuestro actual modelo económico.
(*) Ingeniero industrial
