La Audiencia de Palma juzgará la semana que viene a tres personas, entre ellas el propietario de una gestoría y un funcionario de la Oficina de Extranjería de Palma, que presuntamente urdieron una trama para regularizar la situación en España de decenas de inmigrantes a cambio de dinero. El fiscal les acusa de haber gestionado de forma ilegal los permisos de residencia de decenas de extranjeros, algunos de los cuales llegaron a pagar hasta 50.000 euros. Los tres se enfrentan a sendas penas de tres años de prisión.
Según el escrito de acusación del fiscal, los tres procesados habrían empezado a actuar después de 2004. "Se venían dedicando de una manera estable y organizada a la introducción en territorio español de ciudadanos extranjeros, principalmente de origen peruano, con la finalidad de que residieran y pudieran trabajar en España, haciéndolo de manera irregular, al margen de la normativa administrativa que regula la entrada de extranjeros en España".
Los acusados son Luisa K.H.J., peruana que tenía numerosos contactos de compatriotas que pretendían viajar a España y querían regularizar su situación; Juan M.C., propietario de una gestoría en Palma; y Felipe M.F., funcionario de la Oficina de Extranjería de Delegación del Gobierno en Palma.
Según detalla el fiscal, los tres tenían repartidas sus funciones en la trama. La mujer contactaba con compatriotas y les proponía regularizar su situación saltándose los trámites legales a cambio de una cantidad de dinero que oscilaba entre los 2.000 y los 4.000 euros. Cuando le pagaban ponía el caso en manos del gestor, que tenía una cartera de pequeñas y medianas empresas para las que trabajaba. Entonces presuntamente formulaban solicitudes de permisos de residencia y de trabajo en España con ofertas inexistentes a nombre de las empresas para las que trabajaba la gestoría, falsificando la firma de sus administradores.
Una vez realizada la solicitud supuestamente entraba en juego el funcionario de Extranjería. Este hombre, según el fiscal, se valía del puesto que ocupaba para dar luz verde a los expedientes que le entregaba la mujer, "a sabiendas de las irregularidades existentes, ya que no iban acompañados de la documentación de la empresa, cotejada y compulsada".
De esta manera, el fiscal tiene contabilizados 29 casos distintos de presunta regularización fraudulenta de permisos de trabajo o residencia de inmigrantes a cambio de dinero en la que habrían intervenido los acusados.
La mayoría de los casos relatados por el fiscal son muy parecidos. Una de las víctimas, por ejemplo, habría recibido la llamada de la mujer ofreciéndole el permiso de residencia y trabajo a cambio de 4.000 euros. El segundo acusado habría rellenado la solicitud, que incluía un contrato falso de una de las empresas con las que trabajaba. Esta solicitud llegó a la Oficina de Extranjería, donde el tercer acusado habría obviado los trámites para descubrir la falsedad de la oferta. De esta manera el inmigrante consiguió la documentación obviando todos los trámites legales.
Las cantidades abonadas por los inmigrantes rondaban los 4.000 euros, y en muchos casos el fiscal no puede precisar a cuánto ascendían. Sin embargo, en uno de ellos, cuando la acusada se había labrado ya una reputación consiguiendo permisos de trabajo, una mujer supuestamente le llegó a entregar 50.000 euros para que regularizara la situación de once familiares suyos.
El fiscal considera a los tres acusados autores de delitos contra los derechos de los trabajadores y de falsedad en documento oficial, por lo que solicita para cada uno de ellos tres años de prisión, y quince de inhabilitación para el funcionario. El juicio se celebrará a partir del lunes en la Audiencia de Palma.
