Las normas subsidiarias que el ayuntamiento de Santa Margalida ha aprobado de forma inicial y que están en exposición pública hasta el próximo 5 de marzo reducen el techo de población en un cuarenta por ciento, pasando de los 50.000 habitantes previstos en el anterior planeamiento de 1986 a los 30.000 que se fijan como número máximo en la nueva versión del documento.
El principal motivo, según explica el alcalde Joan Monjo (Convergència-El Pi), es la reducción del índice de intensidad que se permitirá en las parcelas, una tendencia que "se reafirma en todos los núcleos de población". Por ejemplo, "si antes se permitía la construcción de seis viviendas en una parcela de 500 metros, ahora solo podrán construirse dos", según precisa Monjo.
Por otra parte, las normas no incluyen "ni un solo metro cuadrado" de terreno urbanizable residencial, un problema que el alcalde atribuye a las normas supramunicipales, que "encorsetan el urbanismo de manera que los ayuntamientos ya no son autónomos a la hora de gestionarlo". El alcalde admite que será prácticamente imposible construir viviendas sociales en el municipio, un tema que provoca "inquietud" entre los vecinos. "El problema es que el Consell, por una parte, quiere que se incluyan terrenos para construir viviendas sociales, pero por otra parte no deja crecer en nuevos urbanizables residenciales que podrían albergar viviendas sociales", apunta.
Monjo señala que el municipio espera con preocupación el número de plazas turísticas que le corresponderá por la ley de alquiler vacacional, y que ya anticipa que no serán suficientes. "El pasado año se alquilaron 4.540 plazas turísticas en el municipio, lo que representa unos ingresos totales de 80 millones de euros, seis veces más que el presupuesto municipal". Esta cifra podría reducirse de forma considerable con las nuevas restricciones, por lo que "llegará la mitad del dinero que se ingresa ahora".
Por otra parte, las normas establecen un área de crecimiento de 110.000 metros cuadrados que incluyen 39.000 metros de zonas comerciales, 55.000 de zonas verdes en el entorno de la residencia y 10.000 metros cuadrados de zona docente en previsión de un futuro instituto en Can Picafort, además de terrenos para habilitar aparcamientos.
En relación a la polémica generada entorno al crecimiento comercial, el alcalde precisa que se creará un "polígono comercial" en el que se incluirán todas las nuevas autorizaciones. "No será un único centro de 39.000 metros, como se ha dicho".
El alcalde, el regidor de Urbanismo Martí Torres y el arquitecto redactor de las normas, Antoni Ramis, participarán hoy en un acto informativo sobre las normas urbanísticas en el auditorio, a partir de las 20 horas.
