Un centenar de peticiones han sido registradas el último año en la Autoridad Portuaria para optar a un amarre público en Palma. La lista de espera sigue aumentando y se sitúa en 829 solicitudes, 101 más que en julio del año pasado, cuando el organismo estatal puso en marcha una modificación del procedimiento para disminuir el listado de demandas. Ha ocurrido justo lo contrario de lo que quería, pese a que se han llevado a cabo los cambios anunciados, como por ejemplo el incremento de las inspecciones para evitar casos de picaresca.
El motivo que alegan desde la entidad presidida por Joan Gual de Torrella es que se ha producido un efecto llamada y, al creer que se agilizarían las concesiones, se ha apuntado mucha más gente que en años anteriores. Además, argumentan que el dragado del Portitxol el pasado otoño, donde la Autoridad Portuaria cuenta con 418 amarres, obligó a trasladar numerosas embarcaciones de allí a otros amarres de gestión directa que estaban vacíos, por lo que no se pudieron otorgar puestos a los inscritos en la lista de espera.Disminuye la eslora
El 28 de julio de 2016, la entidad estatal modificó las directrices de la prestación del servicio, aunque también dio la posibilidad a los solicitantes de que se adecuasen a las nuevas exigencias. La eslora máxima permitida desde dicho cambio es de ocho metros. Había peticiones para amarres de más metros, por lo que la APB ha ido contactando uno por uno con todos los inscritos para saber si querían modificar su solicitud y prácticamente todos, excepto dos, han aceptado disminuir las dimensiones, por lo que siguen en la lista de espera. El más antiguo lleva apuntado desde 1999, casi dos décadas, y tiene solicitados dos amarres, aunque la media de espera es de diez años.
Respecto al control de posibles casos de picaresca, se comprueba con Capitanía Marítima que no haya cambio de titularidad de las embarcaciones, debido a que una práctica detectada era la venta del barco junto con el amarre, pese a que "la prestación del servicio es personal e intransferible para un titular y una embarcación determinada". Si hay una modificación, "queda sin efecto la autorización y se debe abandonar el amarre", indica el organismo estatal.
La entidad portuaria gestiona de forma directa 418 amarres en el Portitxol, 405 en el muelle del Jonquet -en el paseo Marítimo- y otros 384 en la dársena de Can Barberà. El más solicitado es el primero y el menos, el también llamado muelle de Sant Magí, debido a que los amarres están junto al paseo y los solicitantes no quieren estar tan expuestos. En cuanto a Can Barberà, tiene la limitación del puente del paseo Marítimo, por lo que los barcos que se ubican allí deben ser con mástiles abatibles o sin palos, como por ejemplo pequeñas lanchas o llaüts. Respecto a las esloras, es más fácil colocar una embarcación de menor tamaño, por lo que los propietarios que tienen una pequeña y están en la lista tienen más posibilidades que los de mayor eslora.
