14 de marzo de 2017
14.03.2017

Aumenta la lista de espera para un amarre de la Autoridad Portuaria

Las peticiones suben un 8,2% desde el verano pese a que se han agilizado las concesiones

14.03.2017 | 02:45
Más de 400 amarres del Portitxol son gestionados directamente por la Autoridad Portuaria.

La lista de espera para lograr un amarre de la Autoridad Portuaria ha sufrido un incremento del 8,2% desde el verano. El pasado julio se modificó la normativa con el fin de evitar la picaresca y agilizar las concesiones de los amarres, y así ha sido, pero también ha tenido un efecto llamada y ha provocado que se haya apuntado más gente interesada en alguno de los más de 1.200 puestos que la entidad estatal gestiona directamente en Palma, tal como informaron ayer desde la APB.

Hace ocho meses, había 728 peticiones y ahora son 793, tal como muestra el listado para la prestación del servicio y asignación de un puesto de amarre base para embarcaciones de recreo no profesionales, que se encuentra disponible en la página web de la Autoridad Portuaria (en el enlace de la sede electrónica) desde el pasado verano y se actualiza de forma automática cada semestre.

Dos listas de espera

La próxima actualización tendrá más novedades, debido a que el organismo público realizará dos listas de espera, según explicaron. Una estará formada por todas las peticiones que quieren optar a un amarre de un máximo de siete metros de eslora, es decir, el límite que establece la normativa que se aprobó en julio; y el otro listado mostrará "los peticionarios de un amarre que ya no se adecúa a las características impuestas por la actual norma, por lo que es casi imposible que les sea concedido uno", indicaron. Son aquellos que solicitan un amarre público para embarcaciones de ocho o más metros de eslora, todos ocupados y donde es muy difícil que alguno quede libre, porque son mucho más baratos que en las marinas privadas. Por este motivo, hay una persona que lleva 18 años y otra 17 aguardando una oportunidad del organismo estatal. La media de espera es de unos diez años, apuntaron desde la APB.

Para agilizar las concesiones de los amarres y evitar la picaresca, la normativa prohibió el cambio de titularidad de los barcos que tienen asignado un amarre de base de gestión directa. Además, han aumentado las inspecciones para comprobar si los usuarios que ocupan esos puestos tienen toda la documentación en regla y tanto la embarcación como el amarre están a su nombre, ya que era una práctica habitual hacer una compraventa de ambos, pese a ser este último público.

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