La reforma de la EMT y la subida de tarifas tiene el objetivo de rebajar los 30 millones de deuda de la empresa municipal en un momento que Cort sufre una grave falta de liquidez. La de Emaya, acabar con los desorbitados costes de personal de una compañía que paga a peones de carro y escoba como si fueran arquitectos, abogados o ingenieros. Y la de la Policía Local cumple un doble objetivo político y económico. Por una parte, dar sensación de seguridad al ciudadano, sacando más policías a la calle, contando con más agentes en horario nocturno y asignando nuevas funciones al cuerpo que sobrepasan la regulación del tráfico rodado y la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales. Y por otra, el ahorro de horas extras, al solapar turnos sin alargar las jornadas laborales. El número de agentes no se incrementa, pero en el nuevo modelo de Isern – históricamente cada nuevo consistorio ha querido organizar la Policía Local de un modo diferente–, los agentes tienen más protagonismo en cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana, el control de bandas, la vigilancia del menudeo en la venta de drogas, la seguridad de edificios, la lucha contra el comercio ilegal y la resolución de delitos. Porque ésta es sólo la primera parte de la reforma. Cort quiere que la Policía Local sea también judicial. Otra cosa es que los agentes estén suficientemente preparados para ello, pues hay cuestiones que no sólo dependen de la voluntad.
