En la segunda causa judicial abierta contra el antiguo responsable del Urbanismo de Palma (hay otro asunto en fiscalía anticorrupción que podría acabar en un tercer sumario) se mezclan elementos muy delicados e íntimos: las prácticas religiosas de Javier Rodrigo de Santos y su familia; su círculo de amistades y de hermanos en la fe en las comunidades neocatecumenales; y una supuesta corrupción sexual de menores aprovechándose de las dos primeras circunstancias.
Las familias de los adolescentes que habrían sido víctimas de esta perversa relación no son, ni mucho menos, desestructuradas o marginadas. Por el contrario, el antiguo teniente de alcalde de Urbanismo está acusado de abusar de hijos de sus amigos, chicos que, a su vez, también eran amigos de sus hijos.
El caso ha salpicado a dos parroquias de Palma, la de El Rafal y la de Son Oliva, donde la familia de De Santos solía participar en actividades diversas.
La esposa de De Santos era una colaboradora muy eficaz en tareas pastorales desarrolladas por la comunidad neocatecumenal en Son Oliva. Los grupos neocatecumenales, también conocidos como "Los Quicos", se sustentan en parroquias ordinarias, pero suelen funcionar de manera autónoma. El rector de Son Oliva ha repetido en los últimos días que el político encarcelado no colaboraba en su parroquia, aunque lo conocía de verlo como feligrés en algunas misas.
Sacerdote y abogado
Los padres de algunos menores presuntas víctimas de la corrupción, pertenecientes al mismo ambiente, estaban informados de los hechos, pero se han resistido hasta el último momento a denunciarlos. De hecho una madre llegó a comentar que "no vamos a denunciar porque son unas cosas que sólo Dios puede castigar".
También esta familia evacuó consultas, antes de dar el paso, con un sacerdote vinculado al mismo ambiente, pero no adscrito a las parroquias mencionadas. Los padres incluso manifestaron su deseo de asesorarse también ante un abogado especialista en derecho canónico. Algunas fuentes apuntan a la intervención de un psicólogo de un centro escolar como capital a la hora de detectar los presuntos abusos y de que éstos se denunciaran.
Las familias están muy preocupadas por la repercusión en los medios de comunicación del caso. Desde la fiscalía se les ha prometido velar al máximo para proteger a las supuestas víctimas.
