Parece existir una opinión positiva y ascendente sobre la necesidad de reformar/mejorar el sistema electoral vigente, contenido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral general (LOREG), y que en realidad calca el real decreto ley preconstitucional a cuyo amparo se celebraron las primeras elecciones democráticas de junio de 1977. Como es bien conocido, el modelo actual, proporcional corregido y que adopta la provincia como circunscripción, refuerza a las organizaciones mayores, complica la representación de las menores de ámbito estatal (no así los partidos nacionalistas que se concentran en sus zonas de influencia) y proporciona una representación mayor a los territorios menos poblados. La Constitución, por su parte, apenas define unos escasos aspectos del modelo: la circunscripción habrá de ser la provincia, el Congreso deberá tener entre 300 y 400 diputados y en la elección de los diputados deberán aplicarse "criterios de representación proporcional".
En la actualidad, con una distribución cuatripartita de fuerzas como la existente en que los dos "grandes" partidos, PP y PSOE, han cedido considerable espacio a las dos formaciones emergentes, Ciudadanos y Podemos, son estas dos organizaciones, como es lógico, las que presionan en favor de una reforma. Y lo hacen en el sentido de demandar más proporcionalidad.
En concreto, Podemos sugiere algo aparentemente tan simple como la sustitución del sistema d´Hont, o de promedio mayor, para la asignación de los escaños, que es la utilizada en la LOREG, por el sistema de Saint-Laguë, que refuerza la proporcionalidad. Con este solo cambio, y con los mismos resultados obtenidos en las elecciones generales de 2016, el PP perdería quince representantes y el PSOE, uno. En tanto que Ciudadanos y Podemos incrementarían sus grupos parlamentarios en doce y seis diputados respectivamente. Es una obviedad que, a la vista de tales datos, PP y PSOE no cooperarán en la reforma propuesta por Ciudadanos y Podemos, por más que el PSOE llevara en su programa electoral una revisión del sistema.
El partido de Iglesias ha razonado su propuesta con un argumento incisivo pero demagógico: así, "el Congreso se parecería más a España". La tesis es inconsistente porque todos los sistemas electorales tienen ventajas e inconvenientes, ya que deben conjugar la fidelidad representativa con la estabilidad parlamentaria. Y nadie puede seguramente afirmar que regímenes mayoritarios como el norteamericano y el británico son menos "democráticos" que otros proporcionales como el español o el holandés. Tampoco puede censurarse sin más el hecho de que las provincias menos pobladas estén sobrerrepresentadas en el sistema español, ya que puede interpretarse como un elemento progresista de fecunda discriminación positiva€ Por último, conviene hacer un poco de autocrítica y reconocer que en España tenemos un problema serio de gobernabilidad por la incapacidad estructural y sistémica de las fuerzas políticas para pactar: la parálisis legislativa casi absoluta de esa legislatura es una prueba llamativa de una incapacidad patológica.
Dicho lo cual, habría que convenir que no tiene sentido proponer reformas parciales del modelo vigente que beneficien a unos partidos frente a otros. Sería una estupidez que PP y PSOE se inclinaran ante la exigencia de unos adversarios que les situarían en franca peor situación que la que tienen actualmente. Por lo que, si se quiere reformar realmente el modelo, habrá que buscar una concepción nueva y original del sistema electoral, más moderna y desde luego acomodada a la pluralidad federal de nuestro país. Muchos expertos sienten admiración por el modelo electoral alemán, que combina sabiamente los sistemas proporcional y mayoritario, que logra una familiaridad deseable entre elector y el elegido al tiempo que preserva el papel de los partidos, y que facilita una distribución descentralizada del poder que converge en un organismo legislativo eficaz como es el Bundesrat o cámara alta, sede efectiva de la representación territorial. Lo lógico sería, en fin, que aquí planteara la reforma del sistema electoral al mismo tiempo que la reforma constitucional y del Senado, y que ambas pivotaran en torno de un nuevo modelo de organización de Estado de las Autonomías.
