¿Qué pasa con un anciano hospitalizado que es dado de alta, carece de recursos sociales y no puede valerse por sí mismo o su familia se desentiende de él?
Francesc Albertí, médico internista del hospital de La Sang que en estos momentos ha dejado a un lado la actividad asistencial para coordinar la estrategia de atención a la cronicidad que ha puesto en marcha la conselleria de Salud esta legislatura, responde a esta pregunta que evalúa la calidad humana de una sociedad y el valor y el respeto que otorga a sus mayores.
"Estos abandonos (más comunes en otros puntos del país) también ocurren aquí. Hace un par de años hicimos un corte para saber cuántos pacientes que estaban ingresados en cualquier recurso sanitario público de esta comunidad y que estaban en condiciones de ser dados de alta no podían serlo porque carecían de recursos sociales para dejar el hospital. Y nos salieron 240", revela el doctor Francesc Albertí.
Esta cifra recuenta todos los pacientes en esta situación ingresados tantos en hospitales públicos de las cuatro islas como en el Sant Joan de Déu y la Cruz Roja, centros asimilados al Servei de Salut merced a un convenio especial y, por tanto, también públicos a todos sus efectos.
Este facultativo diferencia claramente entre los dos principales motivos de este drama. En el más lamentable de ellos, se trata de familias que alegan falta de espacio en sus hogares o incompatibilidad de horarios laborales para volver a hacerse cargo de unos familiares de los que se desembarazaron aprovechando un empeoramiento de su estado de salud. "Aunque son los menos", concede el médico internista.
Lo más habitual es que sean ancianos con muchas enfermedades asociadas que carecen de recursos para volver a sus domicilios. Son grandes dependientes y necesitan de una persona que les atienda cuyos servicios no se pueden costear.
"Al ingresar en el hospital todos estos pacientes son valorados no solo médicamente, sino también socialmente. Por ello, desde el momento en que ingresan tanto en un hospital de agudos como en un centro de media estancia como puede ser el hospital General o el Joan March, son valorados por un trabajador social que empieza a preparar desde ese momento el alta del paciente", revela Albertí el protocolo en estos casos.
"El problema radica en que en esta comunidad tenemos un gran déficit de plazas en residencias de ancianos públicas y muy pocas ayudas para pagar cuidadores en los domicilios. Por eso resulta muy difícil darles de alta. Porque no tienen donde ir. Y esto pasa tanto en los hospitales de agudos como en los centros sociosanitarios o de media estancia", admite este médico.
En estas situaciones se intenta que pasen el menor tiempo posible en un hospital de agudos y para ello son derivados a centros de media estancia como el General, el Joan March o el Sant Joan de Déu. Allí continúan con sus tratamientos o con sus sesiones de rehabilitación.
Paralelamente, se les intenta conseguir una plaza en una residencia pública aunque, eso sí, matiza Albertí, respetando las largas listas de espera de estos centros para evitar agravios comparativos. "Solo se saltan estas listas cuando se trata de prioridades sociales", admite.
Preguntado por el perfil tipo de estos pacientes, el doctor Albertí detalla que son "personas de más de 85 años, con demencias y totalmente dependientes que precisan de intensos cuidados en sus domicilios. A veces son parejas de ancianos que se autocuidan hasta que uno tiene un episodio cerebrovascular, pierde su autonomía y su pareja ya no puede hacerse cargo de él. Se trata de verdaderos dramas", concluye.
