Los servicios sanitarios de las prisiones llevan quince años pendientes de ser asumidos por las Comunidades Autónomas. Este largo periodo de provisionalidad ha ido acompañado de un continuo recorte en el personal que se ha acentuaado en el último año y que en la cárcel de Palma ha dejado la dotación de personal sanitario reducida a la mitad. Las consecuencias: la atención médica a los 1.300 presos se ha resentido, se extienden los retrasos y los errores, lo que ha disparado la crispación y los enfrentamientos con los funcionarios. Algunos de los profesionales del centro insisten en que la situación se ha vuelto insostenible.
El servicio sanitario de la prisión funciona como un centro de salud, que debe prestar a sistencia a los 1.300 internos, de los cuales unos 500 precisan asistencia médica diaria. El departamento debe contar con al menos un médico y un enfermero de guardia durante las 24 horas.
Según la relación de puestos de trabajo que la Administración del Estado tiene establecida para la cárcel de Palma, el servicio médico del centro tendría que tener una plantilla de 8 médicos, 11 enfermeros y 7 auxiliares de enfermería. Pero las cifras reales están muy lejos. Las bajas que se han producido durante los últimos años no se han cubierto ante la política de austeridad total impuesta por Madrid. En la actualidad trabajan en la cárcel cuatro médicos, siete enfermeros y solo dos auxiliares. Del total de 26 profesionales sanitarios previstos en la plantilla, solo se cuenta con 13, la mitad exacta.
Ambiente crispado
Esta merma se traduce en dos consecuencias concretas. Por un lado, los profesionales han tenido que asumir el doble de carga de trabajo, provocando problemas laborales. Se ha llegado al extremo de que, durante las vacaciones, hay sanitarios que han tenido que hacer turnos de 24 horas y librar 24 horas, una situación que han tenido que mantener durante varios días.
Pero también ha tenido como efecto serias deficiencias en la asistencia médica a los internos. A muchos de ellos la medicación prescrita para el desayuno les llega a la hora de comer, y se multiplican los errores.
"Antes había cinco auxiliares de enfermería que preparaban los cientos de pastillas que se tienen que distribuir cada día entre los internos", comenta un funcionario de la cárcel. "Ahora hay solo dos, que se tiran toda la jornada preparando la distribución de pastillas. Se cometen más errores y las quejas de los presos son cosntantes".
Los que más sufren esta situación son los funcionarios que tratan diariamente con los internos, que trabajan en un ambiente cada vez más crispado.
En los últimos meses se han sucedido los conflictos, con los presos nerviosos por la falta de medicación y deficiencias en la atención. Y esto se traduce a su vez en una mayor cantidad de bajas laborales entre los funcionarios, muchos de ellos con síndromes de estrés laboral.
Los recortes afectan también a otro colectivo fundamental en la cárcel: los psicólogos. La prisión de Palma tendría que contar en plantilla con nueve de estos profesionales, pero en la actualidad solo tiene cuatro. Esta carencia afecta a programas básicos, como la reeducación de maltratadores o delincuentes violentos. Pero también son imprescincibles a la hora de establecer el grado de peligrosidad de yihadistas encarcelados o realizar informes de valoración para que los presos puedan acceder a permisos penitenciarios.
Esta situación, que se viene produciendo durante los últimos años, se ha ido agravando en los últimos meses hasta llegar, según explican algunos funcionarios, a una situación insostenible.
Bajas sin cubrir
Los servicio sanitarios de las prisiones están pendientes de ser traspasados a las comunidades autónomas desde 2003, pero el Govern balear no ha mostrado gran interés en asumirlo. Mientras tanto, el Gobierno central ha aplicado a rajatabla las directrices de austeridad del ministro Montoro: las bajas que se han producido durante estos años -por enfermedad, traslado o cambio de trabajo- simplemente no se cubren. Esta circunstancia ha dejado la plantilla sanitaria reducida a la mitad.
Ante estas disfunciones, la población reclusa tiene muy limitada su capacidad de protesta. Los presos solo pueden a enviar escritos de queja al juzgado de vigilancia penitenciaria o al Defensor del Pueblo.
Diario de Mallorca contactó el miércoles con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para solicitar su versión sobre este problema, pero el organismo, dependiente del ministerio del Interior, prefirió no pronunciarse.
