La UIB, a través del abogado Gabriel Garcías, se ha adherido al recurso que ha planteado la fiscalía, contra el archivo del llamado caso Minerval. El juez instructor ha entendido que el catedrático Escribá no cometió ningún delito de estafa al vender este producto, pese a que no había sido autorizado como medicamento. La fiscalía no opina lo mismo y, junto a la UIB, reclama a la Audiencia que se reabra la investigación y que el caso vaya a juicio.
