El próximo día 1 de septiembre era el día marcado para que se levantaran las barreras del túnel de Sóller, pero por ahora habrá que esperar tras las medidas cautelares que adoptaron los tribunales ayer sobre el rescate de éste.

Este periplo comenzó durante el 2016 cuando el Consell se vio obligado a prorrogar la concesión de la gestión privada del túnel a la empresa Globalvía. La idea inicial era que esta concesión (y los peajes) acabara en 2017, un cuarto de siglo después de su teórica apertura, pero los retrasos en su puesta en marcha e inversiones de mantenimiento obligaron al Consell a prorrogar esta concesión cinco años, hasta el 2022.

Fue durante el julio del mismo año cuando se desvelaron los planes de rescatar la concesión cinco años antes de su final por parte del presidente del Consell, Miquel Ensenyat, y de la consellera insular de carreteras, Mercedes Garrido. Algo parecido lo propuso ya en el Parlament el PSOE durante el 1995, antes de la inauguración oficial del túnel.

Así, el Consell decidió que pagaría 17,4 millones de euros a Globalvía para asumir estos cinco años que restan de gestión privada. Esta decisión que tanta polémica ha estado creando fue avalada a finales de julio de este año por el Consell Consultiu. El alto órgano jurídico, con unanimidad entre sus miembros, dio luz verde al rescate de 17,4 millones. Aun así, como se ha podido ver, este dictamen no era vinculante.

En ese momento, entonces, estaba claro que el rescate iba a acabar en tribunales tras las exigencias de Globalvía. La empresa concesionara, a mediados de junio de este año, ya aseguró que presentaría un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) para reclamar un importe mayor al que tenía planeado el Consell. Concretamente, 31 millones de euros (13,6 millones más) en concepto del lucro cesante hasta 2022, cuando caducaría la concesión y el túnel sería gratuito sin intervención administrativa, y por la inversión pendiente de amortizar hasta ese año, según los cálculos que presentó la empresa.

En ese momento, entonces, estaba claro que el rescate iba a acabar en tribunales tras las exigencias de Globalvía. La empresa concesionaria, a mediados de junio de este año, ya aseguró que presentaría un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) para reclamar un importe mayor al que tenía planeado el Consell. Concretamente, 31 millones de euros (13,6 millones más) en concepto del lucro cesante hasta 2022, cuando caducaría la concesión y el túnel sería gratuito sin intervención administrativa, y por la inversión pendiente de amortizar hasta ese año, según los cálculos que presentó una portavoz de la empresa.

Los trabajadores iban a ser recolocados por el Consell y los cerca de 9.000 coches que ya circulan diariamente por el túnel se iban a elevar por encima de los 10.000 según las previsiones. El valle de Sóller estaba preparado para vivir un nuevo cambio y una avalancha que prometía colapsar la localidad los primeros días de gratuidad.

Pero con la reclamación de la empresa concesionaria, los tribunales suspendieron ayer este rescate por ahora, ignorando el beneplácito que el Consell Consultiu había dado a los planes de Garrido por unanimidad de todos sus miembros.