El juez Enrique Morell ha citado para el próximo martes día 2 de mayo a Pablo Escribá y Xavier Busquets, los dos catedráticos de la UIB acusados de una presunta estafa agravada por vender un producto como si fuera un fármaco capaz de curar el cáncer o el Alzheimer. La esposa de Escribá, Juana Alemany Serra, y otros dos detenidos por la Policía declararán entre el martes y el miércoles ante el magistrado Morell y la fiscal Concha Ariño.
Para el día 4 está previsto el interrogatorio de testigos y denunciantes del caso.
Los cinco emplazados fueron detenidos por la Policía Nacional a principios de mes y se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante los investigadores. Busquets y Escribá anunciaron que darían su versión ante el juez instructor.
La Policía hizo un llamamiento para que todos los afectados por este caso formulen denuncia. Inicialmente se habló de una decena de enfermos y sus familias y de una cuantía de la presunta estafa superior a los 611.000 euros. En días posteriores, los investigadores han recibido varias denuncias más de perjudicados.
Los detenidos están acusados de una estafa agravada, un delito que conlleva penas de hasta 6 u 8 años de cárcel. Las circunstancias agravantes son que lo estafado supere los 50.000 euros, que haya un número elevado de afectados o que los autores del delito abusen de las relaciones personales existentes entre la víctima y defraudador o se aprovechen de su credibilidad empresarial o profesional.
La Policía acusa a los detenidos de servirse de su estatus de catedráticos e investigadores universitarios para difundir los efectos curativos del fármaco que vendían, aunque los productos podrían haberse comercializado como complementos nutricionales.
Según los investigadores, los sospechosos se sirvieron de una empresa y de una fundación sin ánimo de lucro para vender unos productos con supuestos efectos curativos del cáncer y el Alzheimer, cuando en realidad no tendrían ningún efecto terapéutico o sanador.
Según la información policial, los investigados se sirvieron de las instalaciones de la UIB para elaborar, promocionar y comercializar el producto.
Los investigadores han descartado imputar a los sospechosos el delito de salud pública, dado que los productos comercializados no causan daño o riesgo para los enfermos.
