Los partidos políticos de Balears se muestran tan divididos como la propia sociedad ante la maternidad subrogadamaternidad subrogada. Así, mientras el PSOE, Més e incluso en Podemos declaran estar inmersos en pleno debate con las diferentes sensibilidades de sus respectivas formaciones para consensuar una postura, en Ciudadanos y el Pi se muestran partidarios de regular una práctica que ya se hace en el extranjero dotándola de un ineludible respeto de los derechos de las gestantes así como de una mayor seguridad jurídica en todo el proceso.
En el PP, por contra, se declaran dispuestos a debatir y regular una realidad existente huyendo de la discusión ideológica y centrándola en la opinión de los expertos y en los ejemplos de legislación adoptada por otros países.
Xavier Pericay, líder de Ciudadanos, comienza recalcando que su formación es la única que está promoviendo en el Congreso de los Diputados iniciativas para regular la maternidad subrogada. Entre ellas, detalla, la presentación de una proposición no de ley (PNL) que garantice los permisos de maternidad y paternidad de los progenitores de menores nacidos por esta técnica.
Evitar el turismo reproductivo
"Y tenemos en marcha una PNL sobre gestación subrogada en la que esta tendrá carácter altruista, sin posibilidad de convertirse en una práctica comercial o lucrativa, y en la que garantizaremos los derechos de todas las partes que intervengan. En ella velaremos sobre todo por el interés superior del menor", explica Pericay, que añade que esta regulación permitirá que miles de ciudadanos de este país cumplan su deseo de ser padres sin que su situación económica se lo impida y se acabará con la desigualdad que actualmente supone que esta técnica de reproducción asistida solo esté al alcance de los bolsillos más poderosos.
"Evitaremos el turismo reproductivo pues los solicitantes de este tipo de maternidad deberán ser españoles o haber residido en España", concluye el líder parlamentario de esta formación, que recalca que oponerse a la maternidad subrogada es oponerse al futuro y a la única opción que tienen las parejas homosexuales masculinas de ser padres. Por eso, ante las críticas de los colectivos feministas, contrapone que "uno no puede oponerse a esto si no es por prejuicios".
Maria Antònia Sureda, de El Pi, tras admitir que tienen este asunto sobre la mesa sin haber consensuando aún una posición clara, sostiene que en su formación "no estamos en contra éticamente de la gestación subrogada. Somos conscientes de que hay otras soluciones para esta problemática como pueden ser las adopciones, pero tampoco podemos convertir los vientres de alquiler en un mercado exclusivo para las clases adineradas". Por ello, la diputada regionalista aboga por regular la cuestión para ayudar a las parejas heterosexuales con problemas de fertilidad así como a las parejas homosexuales masculinas e incluso a los hombre sin pareja a hacer realidad su deseo de ser padres. Eso sí, Sureda reclama el máximo consenso para legislar una cuestión tan polémica. Una cuestión que ya es legal en otros países a los que acuden los ciudadanos españoles, recuerda para acabar.
Desde Més, tanto su portavoz parlamentario, David Abril, como la responsable de temas sociales, Margalida Capellà, admiten que el partido no tiene definida una postura sobre este asunto. Y en esta indefinición pesa mucho las posturas encontradas en el seno de la formación, en el que hay muchos militantes de orientación feminista y muchos homosexuales partidarios de esta maternidad en vientre ajeno.
Derecho a arrepentirse
El líder de Podemos en Balears, Alberto Jarabo, apunta que esta cuestión debe tener como eje principal el derecho de la mujer al uso de su cuerpo y que si se autorizan los vientres de alquiler, siempre ha de ser de manera altruista para evitar la "mercantilización" de las féminas.
En una futura regulación, Jarabo aboga por que a la gestante se le reconozca el derecho a arrepentirse tanto durante el embarazo como después del parto, esto es, que decida quedarse con el bebé que ha gestado negandóselo a la pareja subrogada. El líder de la formación morada teme las dudas asociadas a este procedimiento, como el posible retroceso que puede originar en la lucha por la igualdad de las mujeres o la presión a la que puede someter a las más débiles y desfavorecidas. Por todo ello aboga por una regulación que no conculque los derechos de las mujeres ni de los menores y que combata la mercantilización.
Por último, en nombre de PP y PSOE, Sandra Fernández y Bel Oliver admiten que este asunto despierta muchas controversias y que todavía no hay una postura única. Y mientras la primera sugiere un debate no ideológico basado en la opinión de los expertos y en el análisis de cómo se ha legislado en otros países, Oliver reclama tiempo para que los indecisos se posicionen una vez recabada más información.
