El Grupo Cursach, propietario de la macrodiscoteca BCM y de un hotel de Magaluf, únicamente ha hecho efectivo el pago de 10 de los 454 expedientes sancionadores abiertos por el ayuntamiento de Calvià entre los años 1996 y 2016, periodo que cubre los mandatos de los alcaldes Margarita Nájera (PSOE), Carlos Delgado (PP), Manu Onieva (PP) y Alfonso Rodríguez Badal (PSOE). Las propuestas de sanción representan una cantidad total en Calvià de 590.185 euros y apenas se han abonado 46.071 euros.
Así consta en el auto de prisión de Cursach y sus hombres de confianza, que recoge también declaraciones de altos funcionarios municipales sobre la ilegalidad de la licencia concedida en su día a BCM; una autorización que está siendo revisada de oficio por el Ayuntamiento, lo que podría desembocar en una fuerte multa o, incluso, en el cierre del establecimiento, según señalan fuentes del equipo de gobierno.
En su escrito, el juez Penalva considera que existen diversos niveles de favoritismo hacia este grupo empresarial. Uno de los escalones en los que detecta esta desigualdad de trato es en el Servicio de Recaudación. Y pone como ejemplo este dato: de todas las denuncias contra este grupo empresarial, sólo el 39% ha acabado en multa. En el caso de otros locales de ocio nocturno, esa proporción se dispara en cambio al 95%.
El juez detecta otro nivel de "trato favorable" en la Policía Local, como lo demostraría, dice, el hecho de que los locales del Grupo Cursach reciban "muchas menos denuncias". Según expone Penalva en el auto de prisión, la media de denuncias recibidas por locales de ocio de Calvià es de 11,7 por establecimiento. La media del Grupo Cursach "apenas llega a la mitad", concluye. Además de datos, se recogen declaraciones como la de una funcionaria que estuvo destinada en el departamento de Servicios Jurídicos de Calvià. Esta testigo dijo estar sorprendida, porque, mientras estuvo allí, no le llegaron denuncias en materia de publicidad contra el Grupo Cursach cuando los incumplimientos en esa materia eran flagrantes. Agregó que Cursach ganó diversos recursos de reposición que no debían haber prosperado, ya que las sanciones impuestas eran "correctas".
Sobre la licencia de BCM
Las supuestas irregularidades en la concesión de la licencia de BCM son también objeto de análisis por parte del juez Penalva, quien incluye en su auto el testimonio de un alto cargo municipal que cuestionó su legalidad. Este funcionario detalló que la macrodiscoteca de Magaluf abrió con una licencia provisional, con la condición ineludible de que se subsanaran deficiencias en la instalación de aparatos aire acondicionado. Sin embargo, continuó explicando el alto cargo, la reubicación de estos aparatos tampoco se ajustó a la legalidad. Cuando se le preguntó directamente si hay trato de favor a Cursach en el Consistorio, este testigo dijo que nadie le había presionado nunca, pero sí que dijo que los funcionarios hablaban coloquialmente de cómo, "casualmente", según qué tipo de notificaciones y requerimientos se omitían para beneficiar supuestamente al empresario.
Más contundente fue un informe realizado en 2016 por la jefa de servicio de Comercio. Concluyó que la licencia concedida a BCM es nula de pleno derecho. "No debió concederse la licencia definitiva [...] No se cumplían las condiciones legales para otorgar la licencia definitiva de apertura", dictaminó el informe, que pedía que se revisase de oficio la autorización. Y en este punto, el de la revisión de la licencia, se encuentra ahora el Ayuntamiento. La instructora del expediente aún no ha concluido el análisis.
