05 de marzo de 2017
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El Congreso cambia la ley para prohibir el perdón a los corruptos

El recurso a esta medida de gracia ha generado encendidas polémicas en las últimas décadas

05.03.2017 | 02:45

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el mes pasado una iniciativa socialista para modificar la Ley sobre el ejercicio de la gracia del indulto -que data de 1870- a fin de que no se puedan beneficiar del perdón judicial aquellas personas condenadas por corrupción política o por violencia de género.

"El indulto debe ser un recurso excepcional para dar por cumplida, total o parcialmente, la responsabilidad penal impuesta conforme a la ley por los juzgados. En consecuencia, sólo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran razones de justicia, equidad o utilidad pública", argumentaba la proposición de ley presentada por el PSOE. Durante el debate, sin embargo, el resto de grupos parlamentarios preguntaron a los socialistas por qué esta restricción a la hora de conceder indultos no se extendía también a delitos como terrorismo, pederastia o prostitución. Una cuestión que se abordará en la tramitación legislativa.

Casos más polémicos

En las últimas décadas, la concesión de indultos ha generado encendidas polémicas en el escenario político estatal. Uno de los casos recientes más sonados fue el del perdón al banquero Alfredo Sáenz (consejero delegado del Santander), en pleno traspaso de poderes entre la administración de José Luis Rodríguez Zapatero y la de Mariano Rajoy.

En su primera legislatura como presidente, José María Aznar dio un perdón parcial al exministro del Interior José Barrionuevo y al exsecretario de Estado Rafael Vera, condenados a 10 años por el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés que fue víctima de una de las acciones de los GAL al ser confundido con un dirigente de ETA.

Otro caso que generó una gran alarma social en España fue el indulto a un conductor imprudente que mató a otro en un accidente en la AP-7. En su momento, fue condenado a 13 años de cárcel, pero después el gobierno de Rajoy conmutó su pena por el pago de una multa, lo que provocó el rechazo de los familiares de la víctima y de asociaciones de seguridad vial.

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