El Consell de Mallorca decidió dar marcha atrás al Plan Territorial debido a los escándalos de corrupción que había generado esta norma urbanística. El Plan se aprobó durante la época en la que el Consell estuvo presidido por Unió Mallorquina, apoyado por el Partido Popular. Fueron Jaume Matas y Maria Antònia Munar los que decidieron, según se comprobó en los tribunales, qué terrenos iban a salir perjudicados y, sobre todo, cuáles se iban a beneficiar de las reclasificaciones urbanísticas. Eran solares sobre los que no se podía realizar la más mínima construcción, pero con esta norma pasaron a convertirse en terrenos urbanizables.
Antes de que se aprobara esta normativa se produjo un auténtico tráfico de información privilegiada. Muchos empresarios, a través de sus contactos políticos, conocieron de antemano qué solares se iban a beneficiar de esta modificación urbanística. Y por ello, se apresuraron a adquirir fincas antes de la aprobación de la ley, ya que en el momento de la compra eran terrenos rústicos y, por tanto, su valor era menor. Después, una vez aprobado, el precio se disparó.
La fiscalía Anticorrupción presentó una querella criminal, en la que denunciaba los pelotazos urbanísticos que se habían producido con la aprobación del PTM. Fueron varios los políticos y empresarios que fueron imputados por este caso. Sin embargo, la falta de medios impidió llegar hasta el fondo del escándalo. Finalmente, el caso fue archivado por el juzgado.
