29 de noviembre de 2016
29.11.2016
Fiscalía Anticorrupción

Piden 6 años a Munar por cobrar comisiones con el pelotazo de Son Oms

Le acusa de recibir 400.000 euros por su influencia política en la recalificación urbanística de los terrenos junto al aeropuerto

30.11.2016 | 00:45
Munar ha sido condenada varias veces y está cumpliendo penas que suman once años de cárcel.

Maria Antònia Munar volverá a afrontar un nuevo juicio en el que la fiscalía Anticorrupción le reclama seis años de cárcel por su implicación en el llamado caso Son Oms, uno de los primeros escándalos judiciales que afectaron a Unió Mallorquina. La hoy reclusa de la cárcel de Palma, que ya ha sido condenada en cuatro ocasiones, se sentará en el banquillo con una nueva acusación por blanqueo de capitales, prevaricación y tráfico de influencias, todo ello por haber conseguido desde la sombra que unas fincas rústicas se convirtieran en solar industrial, lo que disparó el valor de estos terrenos. A cambio de ello, según el fiscal Juan Carrau, Munar recibió una comisión ilegal de 400.000 euros en metálico, que le entregó su colaborador Bartomeu Vicens. Además de la pena de prisión, la acusación le exige a Munar una sanción económica de 4.246.000 euros por los tres delitos que habría cometido.

La fiscalía no acusa únicamente a Munar de aprovecharse de esta recalificación urbanística. También incluye en su escrito de acusación a Maximiliano Morales, al que fuera presidente del Parlament por UM y, por tanto, segunda autoridad política de Balears. Anticorrupción le imputa un delito de blanqueo de capitales y le reclama por ello cinco años de cárcel y una sanción económica de 2.746.000 euros, más su inhabilitación.

Contra Vicens, que también será juzgado por su intervención en esta recalificación, no se pide pena alguna, pues ya fue condenado por los mismos hechos.

El fiscal describe que esta operación se gestó en los años 90, cuando los políticos de Unió Mallorquina ya tenían influencia en las instituciones de la isla. Morales y Vicens contactaron con los propietarios de las fincas de mayor extensión de Son Oms, junto al aeropuerto, que eran unos terrenos que tenían la calificación de rústicos y, por tanto, sin posibilidades de urbanizarse. Los dos políticos convencieron a los propietarios que ellos, gracias a su influencia política, tendrían la posibilidad de conseguir una recalificación urbanística. Los solares pasarían a ser calificados de suelo industrial, con lo que su precio se dispararía. A cambio de esta operación, Morales y Vicens exigieron a los propietarios la cesión del 15 por ciento de los terrenos.

El acuerdo de cesión de terrenos se disfrazó mediante la simulación de compraventas. Y para llevar a cabo esta operación urbanística se utilizó la sociedad Gestora de Desarrollo Son Oms, controlada por el ya fallecido abogado Jaime Montis. Era en apariencia una empresa unipersonal, pero detrás se escondían los políticos de Unió Mallorquina, según detalla el escrito de acusación.

El acuerdo entre los políticos de UM y los dueños de los terrenos se estableció a través de un contrato de gestión urbanística.

Estos terrenos fueron recalificados en 1999. Se convirtieron en suelo urbano de aprovechamiento industrial. Después de esta decisión política, los dueños cumplieron con el acuerdo y cedieron una parte de sus terrenos a la empresa controlada por Montis. En la operación nunca se mencionó la presencia ni de Maximiliano Morales, ni Bartomeu Vicens, ni tampoco la de Maria Antònia Munar. Sin embargo, a los dueños de los terrenos se les comunicó la intervención de la expresidenta del Consell de Mallorca, que en las fechas de la recalificación compartía despacho profesional con Morales. El abogado Montis repartió con sus socios los beneficios de esta operación. Vicens y Munar cobraron con dinero en metálico, más de 400.000 euros cada uno, mientras que Morales se quedó con algunos terrenos, que años después vendió obteniendo beneficios millonarios.

Según resalta el fiscal, Vicens en el año 2004 intervino como conseller de Urbanismo del Consell para que se aprobara una modificación relativa a las normas del Plan General de Palma (PGOU). La modificación eliminaba el coeficiente de edificabilidad máxima de los polígonos industriales. Esta modificación permitía un incremento de las posibilidades de edificación de dichas zonas industriales, al tiempo que disparaba el valor de estos terrenos.

Anticorrupción sostendrá en el juicio que esta modificación urbanística no se ajustaba a la ley. De hecho, Vicens no tuvo en cuenta en ningún momento los informes técnicos que señalaban "lo ilegal e incorrecto de dichas modificaciones" urbanísticas y la falta de utilidad pública. Sin embargo, los políticos de UM, a través también de Miquel Nadal, lograron que se aprobara esta modificación ilegal, por los intereses que tenían en Son Oms.

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